Contrapunto
Víctor Murguía
A la magistrada, la ley. A la gobernadora, la gracia
A la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, se le han ido encima porque no quiere someterse a una evaluación marcada por la ley.
La magistrada presidenta argumenta que no debe ser evaluada porque no está al frente ni forma parte de alguna de las salas del TSJ. Su labor es más bien administrativa, de coordinación, no plenamente de impartición de justicia. Puede que tenga razón.
La cuestión es que la ley señala evaluar a los magistrados y no especifica si al presidente o presidenta en turno se le debe dejar fuera.
Otras instancias de justicia determinarán si Rosalba Hernández -por cierto, producto de la carrera judicial, es decir, no llegó al TSJ por dedazo o tómbola y a la presidencia ascendió por votos- es sometida a la evaluación o no.
La cuestion es que la presidenta del máximo tribunal de Veracruz no tiene una buena relación con la gobernadora Rocío Nahle o, para ser precisos, más bien la gobernadora es quien no tiene una buena relación con la magistrada.
Nahle tenía armado el plan para que en la presidencia del Tribunal, vía las elecciones del año pasado, repitiera la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, pero así como perdió un gran número de alcaldías, perdió también la representación en el TSJ.
No supieron operar y no les dieron los votos.
Entonces fraguó, vía Lisbeth Aurelia y su gente, dejar a la magistrada Rosalba con su presidencia pero sin real poder sobre los demás magistrados ni sobre los jueces.
Así las cosas, Aurelia Jiménez pasó a ser, por órdenes de la gobernadora, fiscal general y, desde ahí, con sus incondicionales, también controla una buena parte del Poder Judicial.
¿Por qué este control sobre la magistrada presidenta? Porque la consideran afín al senador morenista Manuel Huerta y eso es «pecado».
Pero veamos otro ángulo de esta situación. La misma enjundia para que se cumpla la ley en el Tribunal Superior de Justicia debiera ser puesta, por parte de la gobernadora y sus seguidores, para cumplir en otro tema.
Ahora les enoja que la magistrada Rosalba Hernández no quiera evaluarse y exigen el estricto cumplimiento de la ley.
Está bien, sólo falta que con ese mismo énfasis demanden que otra servidora pública cumpla al pie de la letra a lo que está obligada.
Nos referimos a la revocación de mandato, tema al que tanto el pasado gobernador -sí, el conocido como el peor de la historia veracruzana- como la actual gobernadora le dan la vuelta.
A Nahle pareciera le produce urticaria. Le enoja y argumenta -no lo dice textualmente, pero eso es- que por ella ya votaron más de 2 millones de veracruzanos y que con eso basta.
Ahí si no importa el cumplimento exacto de la norma.
Cuando Nahle pidió el voto para el Senado era desconocida para la mayoría de la gente de Veracruz y ganó por el arrastre de López Obrador. La gubernatura la obtuvo con una votación increíble que nadie previó, tras el desastroso gobierno de Cuitláhuac.
Ahora, tras dos años de gobierno y que los veracruzanos ya la conocen, con una base de 2 millones de votos ¿por qué no quiere someterse a otra votación para saber si los veracruzanos le revocan el mandato o la dejan en su puesto?
¿Simple soberbia o en el fondo está consciente de que sabe más de restas que de sumas?
