Más del 50% de mujeres rurales contribuyen en la producción de alimentos y 6 de cada 10 se encuentra en situación de pobreza
- Irineo Pérez Melo
- A pesar de que la mujer rural contribuye con más del 50% en la producción de alimentos en nuestro país en unidades familiares de la pequeña agricultura y como jornaleras agrícolas, 6 de cada 10 de ellas se encuentra en situación de pobreza y 1.5 de 3 en pobreza extrema, y sin acceso a los servicios asistenciales esenciales, como salud, educación, vivienda y empleo remunerado.
Lo anterior se puso de manifiesto durante el conversatorio La mujer rural en la perspectiva del cambio, que organizó la Secretaria de la Mujer de la Representación estatal de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP), en donde se puso de manifiesto la falta de políticas públicas que garanticen la igualdad y la equidad de género, lo que ha propiciado que el 93% de las mujeres rurales del país están en condiciones de vulnerabilidad y el 50% de ellas tienen menos de 24 años
En el conversatorio, realizado en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, en donde participaron Remedios Jaqueline Sánchez López, Coordinadora Regional de la Unión de Mujeres de la UGOCP, Martha Mendoza Parissi, coordinadora de la Agenda 2030 del Congreso del Estado y Yadira Hidalgo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quienes coincidieron que el sector femenino en las zonas rurales se encuentra carente de cualquier prestación social.
“Se estima que la mujer rural, percibe el 75% menos de salario a diferencia de los hombres del campo, trabajan al menos 31 horas más a la semana que los hombres e incluso, jornadas de 14 horas diarias en ocasiones (…) en rezago educativo con 33.3%, 18:3% falta de acceso a los servicios de salud, 78.1% no tiene acceso a seguridad social y 25.7% es vulnerable por acceso a la alimentación”, señaló Remedios Jaqueline Sánchez López.
Sin embargo, dijo, las mujeres rurales trabajamos, sufrimos y regamos con nuestro sudor la tierra sabiendo que en cada surco que abrimos crecerá un granito de esperanza para lograr un futuro mejor que aleje a nuestros hijos, a nuestras familias de la marginación y la pobreza.
Por otro lado, indicó, hoy miles y miles de hectáreas en nuestro país viven y se desarrollan de la mano de los cuidados que las mujeres rurales damos a las siembras y a la ganadería en las tierras que se quedan sin la mano de obra de nuestros padres, hermanos, esposos e hijos, que desgraciadamente tienen que irse a trabajar a otro país, construyendo el futuro de una patria que no es la nuestra y no tienen acceso a créditos, insumos o a apoyos para proyectos productivos.
En su oportunidad, Martha Parissi Mendoza, señaló que aunado a lo anterior, la mujer vive situaciones de violencia de género en todos los aspectos, tanto en los relacionado con lo emocional, físico, psicológico, económico y emocional, e informó que Veracruz se ubica como una de las entidades con el mayor número de violencia y feminicidios.
A su vez, Yadira Hidalgo González, destacó el trabajo que el Instituto Municipal de la Mujer desarrolla en apoyo a las mujeres rurales, indicando que además de las redes comunitarias de mujeres que se han conformado, tanto en las congregaciones rurales como en las colonias de la periferia para hacerles llegar el beneficio de los programas que el ayuntamiento ejecuta en favor de este sector.
Las panelistas destacaron la importancia de generar y ejecutar políticas públicas que permitan que las mujeres rurales no sean la última prioridad de nuestra nación y frente a la nueva realidad política de nuestro país, en lugar de quietar apoyos a las mujeres en general, debiera reforzarse una política pública que garanticen la igualdad y la equidad de género en el acceso a los recursos de fomento a la producción, que se refuerce la seguridad para prevenir la violencia de género y que la seguridad social para las mujeres sea universal como servicios básicos de calidad y con eficiencia.
Y en el marco de una realidad brutal de violencia de género, propusieron un gran acuerdo con el gobierno que fomente políticas públicas que impidan el alto grado de violencia que afecta a las mujeres, y que los encargados de la administración de la justicia la apliquen sin distinciones o sin estereotipos. Nada es peor que una mujer agredida, vulnerada que vuelva a ser criminalizada por los encargados de impartir justicia, concluyeron.
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