* El abuso de los cateos

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Familiares de Frida Narayana Cortés Millán -detenida y recluida por su presunta participación en hechos delictivos que se investigan en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV)- le hicieron llegar a la Presidente Claudia Sheinbaum, una solicitud para que se revise su caso y, además, se mejoren las condiciones a las que actualmente es sometida. *** La petición se le entregó también a la gobernadora Rocío Nahle, quien se comprometió a gestionar que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que le fue aplicada a Frida Narayana. *** Roberta Beatriz Millán Audelo, madre de la dama recluida, acudió acompañada de familiares y amistades al acto de inauguración del Viaducto elevado en la carretera Xalapa-Veracruz y ante las autoridades federales que estuvieron presentes reclamó celeridad en el proceso y respeto a las garantías de su hija. *** Ante Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Veracruz recibió la documentación y ordenó a su equipo de trabajo atender el caso. Anunció que le pediría a la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez “que vaya a la audiencia y, si es posible, que ella (Frida Nayana) pase en su casa el proceso; yo me encargo”. *** Rocío Nahle dijo conocer el caso y prometió intervenir: “Sí, me metí a investigar el tema y entonces ella puede pasar el proceso en su casa; no tiene que agradecerme”. *** La noche del sábado 17 enero del presente año, Frida Narayana Cortés Millán fue detenida a partir de una orden de aprehensión. Ella se había desempeñado como directora de Educación Superior de la UPAV y fue presentada ante un juez de control, acusada de cometer los delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado. *** El juez de control la vinculó a proceso y determinó que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Su madre ha denunciado las condiciones inhumanas en las que se encuentra, por lo que la que la medida cautelar podría ser modificada si la Fiscalía de Veracruz hace la petición respectiva.

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En la teoría jurídica se le conoce como “el fruto del árbol envenenado”. Se refiere a un principio del derecho procesal penal que establece que cualquier prueba obtenida de forma ilegal o violando derechos humanos es nula, al igual que todas las pruebas que se deriven de ella.

Especialistas en materia de derecho penal advierten que, en México, el cateo domiciliario dejó de ser una medida excepcional para transformarse en un mecanismo cotidiano de simulación delictiva.

Este domingo, en un predio muy cerca de Córdoba, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa atestiguó el procedimiento mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, Jesús Enrique Chulín Cortés, levantó el aseguramiento de bienes de la empresa “Sparkle S. A. de C. V.”, dedicada al autotransporte de líquidos, así como al traslado de materiales y residuos peligrosos a nivel nacional.

A finales del año 2025, el agente del Ministerio Público Federal promovió una orden de cateo en las instalaciones de esa empresa, pero ese procedimiento incumplió los elementos que exigen tanto la Constitución federal (artículo 16) como el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 288), por lo que el Juez 16 de Distrito concedió el amparo a la parte afectada, con lo que se resolvió que se levantara el aseguramiento de 21 unidades de transporte, entre tractocamiones y tanques.

El abogado penalista Tomás Mundo explicó que una diligencia de cateo puede resultar inconstitucional en su ejecución y no sólo en su formalización: “usualmente vemos en el cateo la técnica de investigación que requiere de una fundamentación y motivación reforzada por afectar la inviolabilidad de un domicilio, pero en esta resolución se invalida la ejecución del cateo. Esto es de suma importancia porque recalca que una resolución fundada y motivada, no es una licencia para violentar derechos humanos, estos no sólo están presentes en la formalización de los actos de autoridad, sino también en su materialización”.

El jurista consideró muy importante que se reflexione sobre ese aspecto, pues la autoridad no tiene, bajo ninguna circunstancia -aun cuando su actuar sea legal- la autorización para lesionar derechos humanos.

En tiempos en los que las Fiscalías actúan bajo consigna y con el acompañamiento de los jueces, es importante entender que el cateo se convirtió en una práctica burocratizada que pervierte el derecho procesal penal, pues la orden judicial funciona como escudo de impunidad.

La siembra de evidencias se ha normalizado por la laxitud de los controles judiciales y la casi total ausencia de sanciones contra servidores públicos que validan y ejecutan estas prácticas bajo un documento oficial.

Apenas en el mes de septiembre, entrevistada luego de participar en los honores a los héroes de la Independencia, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presumió que en la entidad los cateos se incrementaron casi en un 400 por ciento.

Con el argumento de que, gracias a ellos, se logran importantes resultados en materia de seguridad y prevención del delito, la fiscal justificó el ataque sistemático a los derechos humanos:

“En los cateos, todas esas armas que se van incautando ya no llegan a la calle (con lo que se evita) que se cometan homicidios, lesiones, robos. Trasciende para que se vayan frenando otro tipo de delitos, la violencia en general, la droga no llega a nuestros jóvenes”, expresó.

El abogado Tomás Mundo aclaró que el procedimiento jurídico que permitió la recuperación de los bienes incautados no ha llegado a su conclusión. Lo que sigue -adelantó- es iniciar procedimientos penales contra el agente del Ministerio Público Federal y el coordinador estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido y que le generaron un grave daño a la empresa.

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Epílogo.

Hasta para mentir son torpes. Para afirmar que el abasto de medicina se mantiene en altos porcentajes, las autoridades del gobierno de Veracruz y del IMSS Bienestar retiraron un gran número de claves de medicamentos. *** Así lo denunció Ana Patricia Altamirano, jefa de Pediatría del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, quien aseguró que persisten faltantes que obligan a aplazar cirugías. *** La especialista señaló que el abasto en ese hospital se mantiene entre 40 y 50 por ciento. Otra residente de Pediatría reportó faltantes de antibióticos, agujas, catéteres y materiales para administrar oxígeno a los niños. *** “Han reducido las claves y por eso ellos aseguran que el abasto subió. Si reduces las claves, obviamente va a subir el porcentaje”, expresaron. *** este domingo se volvieron a movilizar trabajadores del Hospital Regional de Xalapa y del Centro de Alta Especialidad, quienes reclamaron que Rocío Nahle haya recorrido otras unidades sin acudir a esos dos hospitales de Xalapa para escuchar al personal. *** ¿Esa es la solución que la gobernadora encontró a la crisis en el sector salud? ¿Simular que “ya todo está en orden”?