El tema revivió apenas esta semana. El periodista Víctor Hugo Arteaga, reconocido en Veracruz por haber exhibido enormes estructuras de corrupción en gobiernos pasados, publicó en la revista Forbes (versión México) que la exalcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, figura en investigaciones que mantiene abiertas el gobierno de Estados Unidos. *** “Aunque Lizzette Álvarez Vera no ha sido acusada por autoridad alguna de participar en la muerte de (la cantante) Jenni Rivera, hay cosas en su historia que merecen la atención. Ahora que cientos de posibles candidatos a puestos de elección popular tienen la atención de las autoridades de Estados Unidos, existe una conexión familiar con aquella tragedia que inevitablemente vuelve a colocar bajo los reflectores una historia extraordinaria”, comenta el periodista. *** El periodista explica que Alessandro Torres Álvarez (hijo de la exalcaldesa de Alvarado) era el copiloto del Learjet 25 en el que murió Jenni Rivera la madrugada del 9 de diciembre de 2012. *** Alessandro Torres tenía en ese entonces apenas 20 años y viajaba junto al capitán Miguel Pérez Soto, de 78 años. “Minutos después de despegar de Monterrey rumbo a Toluca, el avión desapareció del radar y terminó destruido en la Sierra Madre Oriental. Murieron todos sus ocupantes”. *** El artículo nos lleva a la familia del joven copiloto: “Alessandro era hijo de Lizzette Álvarez Vera y Mariano Torres Herrera, un supuesto empresario pesquero de Alvarado, Veracruz (…) Menos de dos años después de la muerte de su hijo, Mariano Torres desapareció. El 8 de agosto de 2014, un grupo de hombres armados irrumpió en su embarcación y se lo llevó. Nunca regresó. Hasta hoy su destino permanece desconocido”. *** Y después se refiere a lo sucedido con Lizzette Álvarez: “Ganó la presidencia municipal de Alvarado encabezando la coalición integrada por Morena, PVEM y PT, pero cuando apenas comenzaba su administración ocurrió algo que hoy adquiere nuevamente relevancia. El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, declaró públicamente que existía una investigación contra la alcaldesa, de sus partidos aliados, por su probable responsabilidad en reuniones con personas vinculadas con la delincuencia organizada”. *** Lo realmente trascendente de este caso es que Lizzette Álvarez pretende reincorporarse a la vida política y busca la candidatura (una vez más de la alianza Morena-PT-Verde) por el Distrito XVII local, que comprende los municipios de Alvarado (cabecera), Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Cuitláhuac, Ignacio de la Llave, Paso del Macho, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan. *** Sus pretensiones, sin embargo, chocan con una circunstancia especial: desde el gobierno de México y desde el comité nacional de Morena, se ha girado la instrucción de no avalar candidaturas que pudiesen involucrar al movimiento (la 4T) en escenarios delictivos. *** Antes de pensar en alcanzar nuevas posiciones en el ámbito electoral, Lizzette Álvarez tendría que limpiar su hoja de vida.

Aquí se anticipó desde el pasado lunes: el tema de Veracruz que más ocupa en el gabinete de seguridad nacional, por encima de la misteriosa muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, es el ataque contra policías federales en el municipio de Omealca, que dejó como saldo dos agentes fallecidos y una herida.

La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a ese caso y lo advirtió: “La muerte de nuestros compañeros no quedará impune. Las investigaciones y las acciones operativas continúan para encontrar a todos los responsables”.

A todos los responsables, dijo y eso incluye no sólo a los autores materiales, sino a quienes pudieron haber “filtrado” información sobre el operativo.

“Finalmente, quiero mencionar un operativo realizado en Veracruz, donde lamentablemente dos compañeros de esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana perdieron la vida en cumplimiento del deber. Ellos realizaban labores de investigación para identificar y desarticular células delictivas dedicadas al secuestro y extorsión, y localizar a dos personas que habían sido privadas de la libertad momentos antes del operativo. Durante esta misión fueron cobardemente agredidos y una compañera resultó herida”, narró García Harfuch.

“Tras la agresión, inmediatamente llegaron en apoyo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, junto con las autoridades de Veracruz y Oaxaca, y desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables. Como parte de estas acciones se ubicaron vehículos relacionados con el ataque y varios indicios que son recabados por la Fiscalía General de la República”, dijo.

Finalmente informó que las personas que se encontraban privadas de la libertad fueron localizadas y rescatadas, y pudieron regresar sanas y salvas con sus familias.

En el gabinete de seguridad nacional se tiene claro que en el estado de Veracruz han estado ganando terreno organizaciones criminales que hasta hace algunos años limitaban sus acciones a regiones muy limitadas. Entienden que eso sólo lo han podido conseguir con la connivencia de las corporaciones de seguridad del estado.

La caída de estos dos elementos de la policía federal sería el argumento que necesitaba Omar García Harfuch para irrumpir con toda su fuerza en la estructura policiaca estatal.

La mala yerba hay que arrancarla desde la raíz, o de lo contrario no sólo permanece, sino que se extiende.

Este martes trascendió que la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz dio su aval para que se otorgue una ampliación de 100 millones de pesos al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE), “recursos que se destinarían a cubrir necesidades operativas, reforzar servicios periciales y rehabilitar instalaciones”. *** Es absurdo. Lo único que tendría que hacer el gobierno estatal es asignarle a ese ente autónomo el presupuesto que en derecho le corresponde. *** El artículo 67, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución local establece que el organismo autónomo denominado “Fiscalía General” contará para su estricto cumplimiento con “una autonomía presupuestaria que podrá ser mayor pero no menor al 1.5% del total del presupuesto general del Estado”. *** De manera tramposa, durante la administración de Cuitláhuac García y por sugerencia de su secretario de Finanzas, José Luis Lima, se incorporó un párrafo a la Constitución local (artículo 71, fracción segunda) que golpea directamente a los órganos autónomos: “En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”. *** Por supuesto que eso disminuye de manera dramática los recursos para la Fiscalía, el Poder Judicial y la Universidad Veracruzana.