Punto de Vista
* La crisis del azúcar
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Era necesario que allá mismo, en Boca del Río, en el que el “Clan Yunes” concentra su mayor fuerza electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) pintara su raya. *** El dirigente nacional del partido albiazul dejó bien claro que “quienes dejaron el PAN no tendrán injerencia en las decisiones de este partido para el proceso electoral de 2027, ni en los siguientes”. *** Jorge Romero se cuidó, sin embargo, de no “meter” en ese paquete al diputado local Fernando Yunes Márquez, quien sigue militando en Acción Nacional. Advirtió que su actuación -la de Fernando Yunes- debe evaluarse de manera individual y no a partir de las decisiones tomadas por otros miembros de su familia. *** Para Jorge Romero, el rompimiento con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y con su padre, Miguel Ángel Yunes Linares tiene una fecha clara: el 10 de septiembre de 2024, cuando decidieron apoyar la reforma judicial impulsada por Morena. *** “Al tomar la decisión de irse, dejan de incidir en el PAN y, por supuesto, en Acción Nacional no permitiremos que incida alguien que ya no está dentro”. *** El mensaje del dirigente nacional panista llevaba -además- otros destinatarios. En los días recientes varios actores políticos relevantes de ese partido decidieron renunciar a su militancia, por lo que Jorge Romero les aclaró que su salida no les permitirá intervenir en la definición de candidaturas, alianzas o estrategias electorales. *** Sobre la posibilidad de construir alguna alianza electoral en Veracruz, Romero no lo descartó, aunque aclaró que la apuesta en estos momentos es competir con la marca PAN. *** “Cualquier coalición será evaluada a partir de su rendimiento electoral (…) existen lugares donde una alianza suma votos y otros en donde provoca la pérdida de electores propios”.
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La gobernadora Rocío Nahle ya habló sobre el acuerdo con el grupo empresarial Porres para mantener funcionando el ingenio San Pedro, de Lerdo de Tejada, pero sigue sin dar los detalles de la negociación.
En este mismo espacio se llamó la atención sobre un problema que no sólo atañe al ingenio que está por volver a arrancar, sino impacta en toda la industria azucarera y, por tanto, en buena parte de la economía de Veracruz.
Hay datos que son muy conocidos pero que vale la pena retomar para entender la problemática de la industria azucarera.
Para el ciclo 2025-2026 que está corriendo, se calcula que la producción nacional de azúcar rondará los 5.8 millones de toneladas, lo que significa un aumento de poco más del 6% respecto al periodo anterior. Veracruz está a la cabeza entre los estados con mayor participación en esta agroindustria (cerca del 40% de la producción nacional) seguido por Jalisco y San Luis Potosí.
Sin embargo, en el ciclo 24-25, los ingresos de los productores de caña se desplomaron y las pérdidas superaron los 14 mil millones de pesos, según datos de la Unión Nacional de Cañeros.
Uno de los problemas más graves en esta actividad económica es la entrada de endulzantes sintéticos al mercado. Cada vez más empresas usan fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa, en lugar de azúcar de caña.
Esos productos suelen ser más baratos y no siempre están sujetos a las mismas regulaciones, pues con ellos evitan la obligación de colocar a sus productos sellos de advertencia en el etiquetado.
En noviembre del año pasado, luego de una protesta realizada frente a la sede en la Ciudad de México de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), productores de caña de todo el país acordaron definir un programa de atención y rescate al sector.
Los productores demandaban, entre otras acciones, la publicación de un decreto que evitara el ingreso de “mezclas alimenticias” que sustituyeran al azúcar o que -en todo caso- también pagaran aranceles; el desarrollo de un proyecto para convertir el azúcar en etanol; el inicio de un programa de apoyo y financiamiento -especialmente en Veracruz y Michoacán- para la reconversión de cepas de caña, y la implementación de un sistema de créditos refaccionarios y de avío con una tasa del 8.5%, con un techo de hasta 1.3 millones de pesos.
En ese encuentro con la Sader también se acordó dar seguimiento a los acuerdos de exportación con Estados Unidos.
Apenas en julio del presente año el gobierno de México anunció que multiplicaría sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos, como consecuencia de una negociación con Washington.
En medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos provocadas por la política proteccionista de Donald Trump, México le pidió a aquel país mantener la importación de azúcar mexicana.
La negociación arrojó como resultado que “Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera” mexicana a su mercado, anunció la presidencia en un comunicado.
A comienzos de este año, la Unión Nacional de Cañeros estimó en un 76% la caída de las exportaciones azucareras a Estados Unidos desde 2020. El gobierno mexicano aseguró en el comunicado que el acuerdo alcanzado equivalía a “un aumento de 512% en las exportaciones de azúcar a Estados Unidos”.
Pero hay otros problemas que se suman a las restricciones comerciales de Estados Unidos.
En marzo de este año, datos oficiales del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señalaron que el país resentía un “nuevo golpe” con el creciente contrabando de azúcar proveniente de Guatemala.
La diferencia entre lo que México reporta por ingresos del endulzante y lo que el país de Centroamérica comunica por egresos, es escandalosa. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, Guatemala reportó exportaciones hacia México por aproximadamente 16 mil toneladas de azúcar, mientras nuestro país registró únicamente mil toneladas importadas en el mismo periodo.
Si a todo ello se le suma la campaña que mantiene el gobierno federal para convencer a la población de consumir menos azúcar, se conforma un coctel de circunstancias que le pegan directamente a esa actividad económica.
¿Cuáles de todas complicaciones podrán resolver los gobiernos estatal y federal para conseguir que el ingenio San Pedro vuelva a ser rentable?
La gobernadora Rocío Nahle prometió que “la próxima semana” dará a conocer los términos del acuerdo con los propietarios del ingenio San Pedro.
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Epílogo.
Un nuevo “accidente” se registró en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) de Pajaritos, en el sur de la entidad. La conflagración inició el miércoles y hasta el mediodía de este jueves el fuego continuaba activo, aunque “controlado”. *** La noche del miércoles y en las primeras horas del jueves, brigadas de Pemex trabajaron para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas. *** La magnitud de la emergencia provocó la activación de un “Código 2”, procedimiento que se aplica cuando una empresa requiere recursos y apoyo de compañías vecinas para hacer frente a una contingencia. *** El reporte oficial es que el incendio fue provocado por un “rayo” que impacto en las instalaciones del complejo petroquímico.
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