* Rocío Nahle y el huachicol fiscal

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Bien dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. *** Manuel Huerta no es -ni de broma- una “monedita de oro”. Bajo el cobijo de la “cuarta transformación”, con el patrocinio del tesoro nacional, construyó una estructura electoral que favorece a sus intereses. *** Ha sido, sin embargo, la única voz autocrítica de Morena y sus gobiernos en Veracruz… y ya sabemos que, si algo les incomoda a los políticos afiliados a Morena, es la crítica. Ellos todo lo hacen bien y si alguien cuestiona sus métodos, o pertenecen a “la derecha”, o -en caso de formar parte de sus filas- son unos “traidores”. *** Otra tara que presentan de manera genérica los políticos que se han visto favorecidos con el avance electoral de Morena, es el servilismo vertical: se asumen como los “defensores” de sus jefes y de manera espontánea, sin necesidad de que les “tiren línea” se lanzan como perros de caza contra todo aquel que se atreva, que ose atentar contra “la dignidad” de su superior. *** Ese parece ser el caso del subsecretario de Gobierno -frustrado aspirante a secretario de Gobierno, a secretario de Seguridad y hasta a secretario de Educación- José Manuel Pozos Castro. De pronto, cual caballero en defensa de la frágil princesa, se lanzó para mostrar sus garras al “insensato” que se atrevió a cuestionar la labor de “su jefa”. *** Todo parece indicar que la ofensiva lanzada este fin de semana por Pozos Castro contra Manuel Huerta fue “espontánea”, esto es, que nadie se la encargó. Y es que, de haberse emitido la instrucción para que enfilara sus baterías contra el senador de Morena, el responsable eligió, justamente, la peor opción. *** En primer lugar, porque como servidor público no tendría que estar dirimiendo debates partidistas; en segundo, porque Pozos Castro es el peor ejemplo de un servidor público honesto, cuando ha invertido buena parte de su capital político para impulsar la carrera de su hijo, el “orgullo de su nepotismo”. *** Pero, además, no encuentra argumentos para bombardear a alguien “del equipo”. Habla de “los más de dos millones de votos” que llevaron a Rocío Nahle a la gubernatura, pero evade el tema de los candados que la propia gobernadora mandó poner a la revocación de mandato. *** “Aprovecho para recordarle que en el 2024 perdió la encuesta ante una pregunta expresa a la ciudadanía: ¿a quién quiere usted de gobernador o gobernadora?, y que él quedó en cuarto lugar frente a quien quedó en primer lugar y hoy atinadamente gobierna Veracruz”, apunta -severo- Pozos Castro, pero no aclara que no fue esa la única pregunta que se hizo en la encuesta y que en la suma resultó vencedor Manuel Huerta, aunque ya la decisión de impulsar a Rocío Nahle estaba tomada en Palacio Nacional y se argumentó que era “una exigencia de género”. *** Para insistir en ponerle la etiqueta de traidor, Pozos Castro se refiere a las aspiraciones políticas del senador de su partido: “Anda muy nervioso porque sabe que su proyecto personal de presidir el Senado de la República no tiene ninguna posibilidad de lograrse, producto de sus alianzas con enemigos históricos de la cuarta transformación y cuestionables personajes que ya no tienen cobijo ni padrinazgos para seguir engañando al pueblo”. *** Pasa por alto -claro está- que esas “alianzas con enemigos históricos” fueron ordenadas por el jefe político de todos ellos, quien hoy descansa en su rancho, en Palenque, y que aquellos que cuestionan tal decisión están poniendo en duda la lealtad de su jefe y guía. *** Como en los peores tiempos del PRI, el peor enemigo de Morena está ahí adentro. Su caída será producto de sus guerras intestinas, pues hoy no hay quién imponga la disciplina partidista.

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El reportaje fue publicado en el portal “Animal Político” y hace referencia a las empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó de participar en el esquema para el contrabando de gasolina, conocido como “huachicol fiscal”.

El artículo, firmado por Alexis Ortiz, menciona que tres empresas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de estar ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de importar combustible a México de forma ilegal. Lo curioso del caso es que las tres empresas señaladas operan desde hace una década con permisos oficiales emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), otorgados durante las dos administraciones federales pasadas.

“Las compañías que desde 2016 obtuvieron autorizaciones son: Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, estas compañías integrarían una red que importa combustible de forma ilegal a México a través de las aduanas, donde no reportan el ingreso de gasolina o diésel, sino de otras sustancias para evitar el pago de impuestos”, menciona el reportaje.

El artículo puntualiza que “Jomadi Logistics & Cargo” obtuvo el permiso H/19387/COM/2016 para la comercialización de petrolíferos desde 2016, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. Este documento de autorización de actividades, sin embargo, se mantiene vigente, según un registro de la Secretaría de Energía actualizado al 7 de abril de este año.

En 2017 esa misma empresa recibió un nuevo permiso de un año de vigencia de la Secretaría de Energía para importar hasta mil 500 millones de litros de diésel.

“Jomadi Logistics & Cargo” es una de las compañías que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó para desmantelar la red de contrabando de combustible vinculada a elementos de la Secretaría de Marina.

Según el reportaje de “Animal Político”, Ahavat Logistics Solution es una empresa “que desde 2020, ya en el sexenio del morenista Andrés Manuel López Obrador, obtuvo la autorización H/23558/COM/2020 para la comercialización de petrolíferos. Este permiso sigue vigente, según el registro oficial de la Secretaría de Energía”.

Y adivinen quién era titular de la Sener en aquel entonces.

¡Adivinó! Rocío Nahle.

“Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos por el valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG”, señaló en un comunicado el pasado 30 de junio el Departamento del Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La OFAC impuso sanciones a las empresas Jomadi y Ahavat por estar vinculadas a Refugio Ruiz Villagomez, quien fue señalado por operar el ingreso de combustibles a México evadiendo el pago de impuestos.

La tercera empresa ligada al CJNG que opera con permisos oficiales en México es “Soma Transporte y Servicios”, que obtuvo al menos dos permisos -en 2023 y 2024- de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El pasado 30 de junio la OFAC dio a conocer nuevas sanciones a empresas ligadas al Cártel Jalisco que roban combustible en México y que también lo importan de forma irregular desde los Estados Unidos.

Texas y Florida son los estados donde el gobierno estadounidense ha identificado una actividad frecuente relacionada con el huachicol, especialmente en Texas, en ciudades fronterizas con México, como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.

Las ganancias del Cártel Jalisco con el huachicol fiscal no sólo sirven para financiar sus actividades delictivas, sino que también destina el crimen organizado esos recursos al apoyo de campañas electorales de “políticos corruptos”, según las agencias de Estados Unidos.

Esa es la razón de que aparezca el nombre de la gobernadora de Veracruz entre los políticos que son investigados en Estados Unidos. Para defenderse de esa investigación, a Rocío Nahle le resulta necesario mantener el fuero que le da el cargo.

¿Ya entienden por qué no se quiere someter al proceso de revocación de mandato?

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Epílogo.

En los hechos, el Poder Judicial en Veracruz demuestra que la reforma no fortaleció la independencia de jueces y magistrados; por el contrario, confirmó su sometimiento al Ejecutivo estatal. *** Esa es la conclusión a la que llegó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien criticó que el primer informe de resultados del Órgano de Administración Judicial se realizara a puerta cerrada, sin convocar a medios, pero con la gobernadora Rocío Nahle (titular del Ejecutivo) entre las invitadas. *** “Lo que vi confirma lo que se escucha en los pasillos: una sumisión. Está bien que haya coordinación, pero lo que ha faltado en los tribunales es independencia judicial”, afirmó. *** Durante la presentación de su informe de resultados, correspondiente al periodo septiembre de 2025 a junio de 2026, la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos sostuvo que la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales permite a jueces y magistrados concentrarse en la resolución de los asuntos. *** Sin embargo, Tomás Mundo apuntó que el formato del informe contradice el discurso de apertura institucional y dijo que la evaluación del sistema judicial debe incluir las condiciones en las que se resuelven los procesos penales. “No hay una independencia que permita a los juzgadores resolver conforme a Derecho. Lo vivimos en las salas de audiencia”. *** Dijo que algunos jueces han reconocido que dentro del sistema se privilegia el número de sentencias condenatorias, lo que -dijo- incide en la valoración de las pruebas y en la motivación de las resoluciones. *** “Se hablaba de que la justicia está caminando y de que hay transparencia. Eso no es cierto. La realidad se vive todos los días en los tribunales”, sentenció. *** La gobernadora de Veracruz dice que a ella “no le quita el sueño” la ley que obliga a los gobernantes a someterse a consultas para una eventual revocación de mandato. *** Rocío Nahle jura que ella es “una demócrata” y que respeta la ley. Tiene “mucho trabajo”, advierte y por eso le pone poca atención a ese tema. *** Apenas la semana pasada la presidente Claudia Sheinbaum anunció que pediría a la Consejería Jurídica que revisara la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz para determinar si los cambios afectan la participación ciudadana. *** La reforma reduce de dos meses a un mes el plazo para reunir las firmas equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal, requisito para solicitar el inicio del procedimiento de revocación de mandato del gobernador. *** Rocío Nahle, sin embargo, insiste en que el mandato de los veracruzanos fue que ella gobernara por seis años: “los veracruzanos me dieron su confianza, me dieron el gran honor y el encargo de gobernar este maravilloso estado que tenemos, y al 2030 lo voy a hacer”.