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OPINION
Peligro en «La Pradera»
a verdadera plaga no tiene cola ni bigotes: «Cuiden a sus hijos porque vamos a envenenar el parque», la brillante solución humana a nuestra propia basura
-En un fraccionamiento sustentable del Golfo de México, la acumulación de desechos y el vacío municipal detonaron una amenaza de rodenticidas en áreas públicas; la historia retrata cómo la improvisación humana termina liquidando a la fauna que controla las plagas y poniendo en jaque su propia salud.
LIVIA DÍAZ
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, MÉXICO.- Diseñado en agosto de 2012 como un modelo de vivienda sustentable con 2,100 casas y edificios verticales en la zona metropolitana de Xalapa, capital del estado de Veracruz en la vertiente del Golfo de México, el fraccionamiento La Pradera vive hoy una paradoja urbana. Sus amplias áreas verdes y corredores naturales colindantes con el bosque de niebla conviven con contenedores fijos de basura desbordados que, a mediados de noviembre de 2026, detonaron un conflicto vecinal por el control de roedores.
Tras semanas de retrasos en el servicio municipal de recolección de residuos que desde el 2 de noviembre llevaron a los residentes a alertar por una proliferación masiva de ratas y el riesgo sanitario de enfermedades como la leptospirosis, entre el 17 y el 18 de noviembre de 2026 circuló un aviso atribuido por habitantes a la administración de los edificios: «Cuiden a sus animales y niños porque vamos a poner veneno para ratones».
El mensaje dividió a la comunidad y activó el pronunciamiento urgente de Regalemos un Paraizoo A.C., una organización civil dedicada al rescate y conservación de vida silvestre presidida por el biólogo Rafael Bravo. El dilema de fondo confronta urgencias cotidianas que afectan por igual a todos los actores: las familias buscan erradicar los roedores de sus viviendas sin exponer a menores ni mascotas a sustancias tóxicas, mientras las autoridades locales enfrentan el reto de evitar un brote sanitario en una de las unidades habitacionales más pobladas de la región.
Habitantes inconformes advirtieron que esparcir rodenticidas sin supervisión técnica convierte los parques y áreas comunes en un riesgo doméstico inmediato: «Estamos hablando de sustancias tóxicas que pueden afectar no solo a animales indefensos, sino también a niños. Un gato, una paloma, un perro o incluso un niño curioso pueden terminar intoxicados por una medida manejada sin el debido control».
La advertencia tiene respaldo documentado en la propia zona metropolitana. En abril de 2022, bajo el mismo detonante de basura sacada fuera de horario a los contenedores, residentes de La Pradera ya habían colocado lonas advirtiendo sobre veneno en áreas comunes, lo que llevó entonces a la vecina Gorety Ruiz a alertar que «por las noches salen gatitos y nos preocupa que puedan comer este veneno». Entre 2021 y 2025, rescatistas independientes como María Aurora Rame y Samantha Tamara Nava registraron la muerte de casi una veintena de perros y gatos tras colocarse cebos tóxicos en La Pradera y en conjuntos habitacionales vecinos. Más cerca en el tiempo, entre marzo y abril de 2026, el uso de alimento contaminado en áreas verdes de otro complejo habitacional de Xalapa provocó la muerte de 11 animales, incluida una ardilla silvestre, confirmando que los químicos abandonados en espacios abiertos alcanzan a la fauna nativa por ingestión directa o secundaria.
Frente a ese escenario, Regalemos un Paraizoo A.C. subrayó que «la eliminación de una plaga no puede convertirse en un acto de envenenamiento indiscriminado contra la fauna silvestre y los animales que habitan nuestras comunidades», al recordar que los tlacuaches, marsupiales nativos de América parientes de las zarigüeyas, y los cacomixtles, pequeños mamíferos nocturnos de cola anillada, «no son una plaga por el simple hecho de compartir nuestro entorno». En términos estrictamente sanitarios para cualquier ciudad, eliminar a estas especies significa suprimir a depredadores naturales gratuitos que consumen ratas, cucarachas y garrapatas en las zonas verdes.
Detrás de esta crisis se esconde una tensión clásica entre lo urgente y lo importante. Mientras los vecinos buscan resolver hoy la urgencia de las ratas en su patio, el problema de fondo es estructural: La Pradera funciona como una microciudad moderna de más de dos mil viviendas cuya población trabaja y estudia en la capital Xalapa, pero depende administrativamente de Emiliano Zapata, un municipio extenso donde más de la mitad del territorio es agrícola y que carece de un reglamento municipal propio de salud y bienestar animal, así como de una normativa local de limpia pública, operando supletoriamente bajo la Ley Estatal Número 921.
A ese rezago normativo se suman fallas operativas recientes en la recolección, donde autoridades municipales han atribuido los atrasos a camiones descompuestos, falta de combustible, horarios sindicales y ausencia de sitios cercanos de disposición final de residuos. Aunque en febrero de 2025 y septiembre de 2026 ambos ayuntamientos avanzaron en convenios metropolitanos históricos para compartir la operación del agua y el drenaje en la franja conurbada, la recolección de basura y el control de fauna siguen atrapados en la frontera administrativa, dejando a miles de familias en un limbo condominial donde las salidas improvisadas terminan amenazando a todos.
No obstante, en México el costo legal de recurrir al veneno libre se ha endurecido. El hecho de que la advertencia haya sido atribuida a una instancia de administración condominial eleva la gravedad del caso: de concretarse la colocación de sustancias tóxicas sin certificación sanitaria en áreas comunes, los responsables no solo enfrentarían responsabilidad civil ante cualquier afectación a menores o mascotas, sino que podrían incurrir en delitos penales e infracciones administrativas federales y estatales.
El 7 de octubre de 2026, el Congreso del estado de Veracruz aprobó por unanimidad, con 48 votos a favor, reformar el Artículo 264 de su Código Penal para considerar el envenenamiento intencional como un agravante de los delitos de maltrato y crueldad animal, incrementando las penas correspondientes en una mitad. A esta norma estatal se suman el Artículo 420 del Código Penal Federal de México, que establece penas de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa por daños graves a la biodiversidad; la Ley General de Vida Silvestre, que en sus Artículos 29, 30, 122, 123 y 127 fija multas administrativas de 50 a 50,000 Unidades de Medida y Actualización, el índice económico oficial con el que se calculan las sanciones en el país; y el Artículo 33 de la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz, que prohíbe métodos de control de plagas que afecten a otras especies o sus hábitats.
Mientras la vía química ilegal expone a los residentes a sanciones penales y riesgos familiares, en la misma región existen modelos científicos probados sin alto costo presupuestal. En la Universidad Veracruzana, la Facultad de Biología realizó en octubre de 2026 talleres comunitarios sobre el papel sanitario de los tlacuaches, y desde 2015 la Fundación de esa universidad opera una Unidad de Manejo de Fauna basada en la limpieza estandarizada y cero uso de químicos. En la misma línea, la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores del Instituto de Ecología de México ha documentado cómo sustituir rodenticidas abiertos por estrategias ecológicas evita intoxicaciones humanas y animales.
Fuera de la improvisación vecinal, complejos habitacionales y parques en ciudades mexicanas como la Ciudad de México, Querétaro y Toluca han controlado plagas de roedores mediante el Manejo Integrado de Plagas. Este esquema técnico sustituye el veneno suelto por el cierre hermético de contenedores de basura en horarios acordados, el sellado físico de madrigueras mayores a 1.2 centímetros y, únicamente cuando se requiere intervención química, la instalación de estaciones cebaderas ancladas y cerradas con llave con túneles internos inaccesibles para niños, mascotas o fauna silvestre, empleando productos autorizados por la autoridad sanitaria federal sin efecto secundario en depredadores.
A estas medidas físicas se suman experiencias dentro del propio estado de Veracruz, donde el Comité Estatal de Sanidad Vegetal impulsa el control biológico mediante cajas de anidamiento para lechuzas de campanario y búhos, así como las redes vecinales de vigilancia promovidas por la campaña federal Vecinos Silvestres de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, demostrando que la coordinación entre horarios de basura, infraestructura cerrada y protección de fauna nativa permite erradicar roedores sin poner en riesgo la salud de la comunidad.
Al final, el expediente de La Pradera deja una paradoja evidente para cualquier ciudad del mundo: las ratas no invadieron el fraccionamiento por azar, sino atraídas por una cadena de descuidos humanos, desde los desechos acumulados fuera de horario hasta la ausencia de reglamentos y convenios metropolitanos, que hoy intenta corregirse con una amenaza aún más tóxica en el espacio común.
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