Por Rubén Ricaño Escobar
Hay cifras que deberían sacudir la conciencia de cualquier gobernante. No porque hablen únicamente de igualdad, sino porque revelan la capacidad —o incapacidad— de un territorio para generar prosperidad.
El más reciente estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centro independiente de investigación en políticas públicas, ofrece una radiografía particularmente reveladora de las condiciones reales que existen en cada entidad federativa para que las mujeres puedan incorporarse y permanecer en la economía, así como alcanzar autonomía económica mediante el empleo o el emprendimiento. Para ello evalúa 16 indicadores agrupados en tres dimensiones: acceso al mercado laboral, permanencia y autonomía económica.
Los resultados son reveladores.
Baja California Sur encabeza el país con 72.3 puntos, seguida por Ciudad de México con 69.5, Nuevo León con 65.3, Yucatán con 63.8 y Colima con 63.3. En el extremo opuesto aparecen Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Veracruz ocupa el lugar 31 de las 32 entidades federativas, con apenas 32.7 puntos, superando únicamente a Oaxaca.
No estamos frente a un simple ranking. Estamos frente a un mapa de las profundas desigualdades territoriales del desarrollo mexicano.
Porque cuando un estado ofrece pocas oportunidades para que las mujeres trabajen, emprendan, accedan a ingresos propios o permanezcan en actividades productivas, desaprovecha una parte extraordinaria de su talento disponible. Pierde competitividad, innovación, productividad y bienestar para toda la sociedad.
Durante décadas hemos pensado el desarrollo económico desde la infraestructura, la inversión o la industria. Todo ello sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente. La verdadera riqueza de un territorio depende, sobre todo, de la capacidad para aprovechar plenamente el talento de su población.
Y en esa materia México continúa desperdiciando uno de sus mayores activos.
El propio IMCO identifica que una de las principales barreras continúa siendo la desigual distribución del trabajo no remunerado y de cuidados. Las mujeres destinan, en promedio, 58 % más tiempo que los hombres a estas actividades. La diferencia territorial también resulta significativa: mientras en Ciudad de México la brecha es de 46 %, en Chiapas alcanza 67 %. La consecuencia es evidente: cuanto mayor sea el tiempo que una mujer debe dedicar a cuidar sin disponer de alternativas, menores serán sus posibilidades de estudiar, trabajar, emprender y generar ingresos propios.
Aquí surge una pregunta interesante que rara vez se formula.
¿Qué tiene que ver un ayuntamiento con todo esto?
La respuesta más acertada es: mucho más de lo que generalmente se reconoce.
No porque todas las soluciones estén dentro de sus atribuciones directas, sino porque el municipio es el espacio donde los obstáculos se manifiestan y donde pueden articularse buena parte de las respuestas.
Durante años hemos delegado las políticas de igualdad a los gobiernos federal y estatales. Sin embargo, muchas de las condiciones que permiten o impiden que una mujer trabaje o emprenda se manifiestan diariamente en el territorio municipal.
Una madre difícilmente podrá aceptar un empleo si no existe una red suficiente de servicios de cuidado infantil. Una emprendedora difícilmente abrirá un negocio si los trámites son lentos y costosos. Una trabajadora limitará sus oportunidades laborales cuando el transporte público resulte inseguro o ineficiente. Una comerciante verá reducido su mercado cuando las calles carezcan de iluminación o la inseguridad inhiba la actividad económica.
La igualdad económica comienza mucho antes de firmar un contrato laboral. Comienza cuando el territorio deja de poner obstáculos.
Por ello resulta indispensable ampliar la conversación. No basta con hablar de empleo femenino; debemos hablar también del ecosistema territorial que hace posible ese empleo y el emprendimiento.
Desde la perspectiva del desarrollo local, un ayuntamiento comprometido con el crecimiento económico de las mujeres debería trabajar simultáneamente en diversos frentes.
Necesita fortalecer la seguridad pública con enfoque preventivo; impulsar, en coordinación con las autoridades competentes, mejores condiciones de movilidad y transporte; ampliar la cobertura de espacios de cuidado mediante alianzas entre los sectores público, privado y social; simplificar radicalmente los trámites para abrir empresas; promover programas permanentes de capacitación digital, empresarial y financiera; articular mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento y a cadenas de comercialización; crear espacios seguros para el comercio local; promover mercados, ferias y plataformas digitales; incorporar tecnología para reducir tiempos administrativos, y garantizar infraestructura básica de calidad en colonias y comunidades.
Todo ello constituye, más que una política de asistencia, una estrategia de competitividad territorial.
Existe además un aspecto frecuentemente olvidado: el emprendimiento.
Durante muchos años la política pública concentró sus esfuerzos en insertar mujeres dentro del mercado laboral formal. Ese objetivo continúa siendo prioritario, pero hoy resulta insuficiente. Miles de mujeres desean generar ingresos mediante pequeños negocios, servicios profesionales, actividades agropecuarias, comercio electrónico, industrias creativas o economía digital.
Para ellas, el municipio puede convertirse en un gran articulador de oportunidades. El desafío no consiste únicamente en apoyar emprendimientos aislados, sino en construir verdaderos ecosistemas locales de emprendimiento femenino que conecten capacidades, instituciones, financiamiento, tecnología, comercialización y acceso a nuevos mercados.
El gobierno municipal puede vincular a las emprendedoras con universidades, cámaras empresariales, banca de desarrollo, instituciones financieras y empresas; facilitar su formalización; promover incubadoras y espacios de capacitación; abrir oportunidades en ferias y mercados regionales; impulsar su digitalización y explorar, dentro del marco jurídico aplicable, mecanismos de compras públicas que permitan fortalecer proveedores locales.
El desarrollo local ya no consiste únicamente en atraer grandes inversiones. También consiste en multiplicar miles de pequeños emprendimientos capaces de transformar la economía cotidiana de las familias.
Los estados que hoy ocupan los primeros lugares del ranking no llegaron ahí por casualidad. El propio estudio muestra que las entidades con mejor desempeño tienden a registrar una mayor proporción de mujeres preparadas, menores tasas de embarazo adolescente, una distribución más equitativa del trabajo no remunerado y menores niveles de pobreza laboral.
Veracruz enfrenta un desafío enorme, pero también posee una oportunidad extraordinaria.
El dato quizá más contundente para comprender la magnitud del problema es que 38 % de las mujeres veracruzanas no percibe ingresos directos, mientras que en Baja California Sur esa proporción es de 17 %. No hablamos solamente de empleo: hablamos de autonomía, de capacidad de decisión y de posibilidades reales de construir un proyecto de vida propio.
La posición de Veracruz en el lugar 31 no debe interpretarse como una condena, sino como un llamado urgente para revisar las políticas públicas desde una perspectiva distinta. El problema no es únicamente la falta de empleo; es la calidad del entorno donde ese empleo y esas oportunidades deben surgir.
Los municipios veracruzanos pueden convertirse en protagonistas de esta transformación si incorporan objetivos específicos en sus planes de desarrollo, generan indicadores propios, miden resultados y construyen alianzas con universidades, cámaras empresariales, organizaciones civiles, instituciones financieras y ciudadanía.
La competitividad del siglo XXI ya no se medirá solamente por carreteras, parques industriales o crecimiento económico.
Se medirá también por la capacidad de cada territorio para aprovechar el talento de todas las personas.
Cuando una mujer encuentra oportunidades para trabajar, emprender y desarrollarse, no gana únicamente ella. Gana su familia, gana la economía local, gana el municipio y gana el país.
Porque la igualdad económica no es solamente un derecho. Es, quizá, una de las políticas de desarrollo más inteligentes que una sociedad puede construir.
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