Se plantea su derogación porque desde su entrada en vigor ha habido excesos de autoridades, sobre todo de policías, incrementándose el número de personas consignadas: Vicente Aguilar.
Irineo Pérez Melo.- Por considerar que la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad lo único que ha provocado son abusos de las autoridades y cuerpos policiacos, generando el repudio total de la sociedad en general por las medidas coercitivas que impone, diputados locales del Partido del Trabajo (PT) presentarán una iniciativa de reformas para derogar el Código Penal, referente a los delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones.
Al informar lo anterior Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que los diputados locales petistas Ramón Díaz Ávila y José Luis Tehuintle Xocua, propondrán al pleno legislativo la derogación del Párrafo Segundo y fracciones I, II, III y IV del Artículo 331 del citado Código.
Explicó que la decisión de plantear está reforma a ese precepto legal, se deriva porque desde su entrada en vigor el 11 de marzo del presente año, los servidores públicos, sobre todo los elementos policiacos, al momento de ejercer sus funciones, son excesivas y se ha dado un aumento en personas consignadas por este delito.
Por tal motivo, hace necesario la valoración y pertinencia de la vigencia de esta norma, ya que en el fondo pareciera ser que realmente que lo que se pretende es restringir libertades.
Además, se destaca que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece y reconoce el derecho de asociación, por lo que ninguna protesta pública puede ser considerada ilegal, siempre y cuando no se profieran injurias en contra de la autoridad, lo que transgrede el artículo 331 de la citada norma.
Insiste en que dicha norma ha provocado abusos de la autoridad, quienes con los mínimos elementos jurídicos de prueba ponen a disposición de la autoridad respectiva a ciudadanos indefensos, que como único medio de prueba es la palabra contra la palabra de la autoridad, lo que los pone en una clara desventaja legal.
Las medidas coercitivas aplicadas en este delito constituyen una medida retrograda que en el mayor de los casos puede ser evitada a través de mejores canales de comunicación y considerando que este delito puede darse de manera verbal o física, puede encajar en diferentes tipos penales, de manera que el particular desde el momento en que es imputado, queda sujeto a la discrecionalidad de las autoridades.

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