María Eugenia Alanda González, habitante de la colonia Margarita Maza de Juárez, denunció públicamente haber sido despojada de su vivienda mediante un presunto fraude inmobiliario y aseguró que desde hace tres años permanece fuera de su hogar, mientras continúa pagando renta.

La denuncia fue realizada durante una manifestación de personas que acusan haber sido víctimas de despojos, la cual provocó el bloqueo de la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de Xalapa, generando afectaciones a la circulación vehicular.

La afectada relató que los hechos comenzaron en marzo de 2018, cuando, según explicó, un préstamo solicitado por un familiar habría sido utilizado para realizar de manera irregular la escrituración de su inmueble a favor de un particular identificado como Arturo Tablada.

De acuerdo con su versión, ella nunca vendió la propiedad ni acudió ante un notario para formalizar una operación de compraventa. Sin embargo, afirmó que posteriormente fue notificada de que la vivienda ya aparecía escriturada a nombre de otra persona.

La denunciante sostuvo que durante los procesos judiciales se habrían presentado firmas y documentos falsificados, además de señalar presuntas irregularidades en la actuación de autoridades judiciales y notariales. También mencionó al titular de una notaría identificada como la número 10 como una de las personas que, asegura, intervinieron en el procedimiento.

María Eugenia Alanda indicó que promovió dos juicios para recuperar el inmueble; sin embargo, ambos fueron resueltos en su contra. Añadió que el desalojo de la vivienda ocurrió hace aproximadamente tres años y que, desde entonces, no ha logrado recuperar su patrimonio.

Asimismo, afirmó que en la colonia Margarita Maza de Juárez existen otros casos similares y señaló que más de un centenar de familias habrían sido víctimas de presuntos despojos mediante el mismo mecanismo, aunque esta afirmación corresponde a su testimonio.

La afectada informó que acudiría a la Fiscalía para presentar una denuncia y buscar asesoría jurídica con el fin de que se investiguen los hechos y pueda recuperar su vivienda o recibir una reparación del daño.

Las acusaciones realizadas por la manifestante corresponden a su versión de los hechos y, hasta el momento, no existe una resolución judicial firme que acredite las presuntas conductas ilícitas denunciadas.