* La justicia, sometida

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

No es que la policía de Veracruz esté muy preocupada por lo que sucede en Tuxpan y municipios aledaños. *** La instrucción llegó desde la Ciudad de México: el trabajo de inteligencia policial, realizado en la capital del país, permitió localizar y capturar a objetivos prioritarios del crimen organizado en el norte de la entidad. Siempre habían estado ahí, operaban con total impunidad, hasta que desde el altiplano decidieron tomar cartas en el asunto. *** Esta semana mandos de los tres niveles de gobierno se reunieron en Tuxpan para atender instrucciones precisas que buscan reducir el ambiente de inseguridad que priva en la zona. *** Porque así se lo ordenaron desde México, la llamada “Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz” estuvo encabezada por la gobernadora Rocío Nahle y se realizó en las instalaciones de la Zona Naval, en Tuxpan. *** Luego de la captura de Manuel Pardo Mendoza, alias “Oso Pardo”, alto mando de la organización criminal conocida como “La Mafia Veracruzana” o “Grupo Sombra” se tuvo una radiografía más clara de la estructura de ese grupo delictivo y para darle el golpe definitivo fueron comisionados escuadrones de la Marina y del Ejército Mexicano. Las fuerzas locales se limitarán a “cuidar el perímetro”. *** Y es que hay un dato que es irrefutable: el crecimiento territorial del Grupo Sombra se dio, justamente, con la llegada del gobierno de Rocío Nahle. No quiere decir que ella esté involucrada (aunque tampoco se descarta) pero por lo menos ha sido incapaz de desarticular la red de complicidades en el gobierno estatal con esa organización criminal. *** Al grado de que han tenido que enviar grupos especiales, ajenos a los compromisos locales, para acabar con ese cáncer.

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Fueron los abogados de Veracruz -en un movimiento al que ellos denominaron “Bloque Zona Sur”- los primeros en levantar la voz de manera organizada y profesional.

Afirmaron, sin titubeos, que después de la reforma judicial la justicia se ha estado aplicando “con línea”. Denuncian que en esta entidad “se venden las carpetas de investigación y se fabrican culpables”.

Mientras tanto, la exjueza Angélica Sánchez Hernández, sostuvo en Xalapa que los procedimientos de “declaración de procedencia” contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC) “responden a criterios políticos”.

Luego de demostrar en tribunales que las imputaciones que le fabricó la Fiscalía de Veracruz no tenían sustento, la exjuzgadora (despedida del Poder Judicial del Estado y procesada cuando la magistrada presidente era Lisbeth Aurelia Jiménez, actualmente titular de la Fiscalía) señaló sin titubeos: “La Fiscalía es especialista en armar carpetas y fabricarlas, y fabricar datos de prueba. Me consta”.

No se trata, entonces, de una “puntada” de abogados a los que no les ha ido bien en sus litigios. Estas opiniones responden a un fenómeno que se ha generalizado: los jueces temen fallar en sentido contrario a la opinión de la gobernadora, pues la consecuencia es inmediata: los cesan y les inician procesos penales. La Fiscalía se encarga de sembrar pruebas en su contra.

En el caso de Angélica Sánchez, quien se sumó al “movimiento naranja” una vez que fue expulsada del Poder Judicial, su opinión tiene que ver no sólo con su exoneración (con lo que quedó demostrado que los procesos en su contra fueron montajes producto de una consigna) sino con las imputaciones de la Fiscalía de Veracruz (la misma que encabeza Lisbeth Aurelia Jiménez) contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván.

“Casualmente esta investigación es contra alcaldes de oposición, no han tomando en cuenta que también hay alcaldes morenistas que están denunciados”, advirtió Angélica Sánchez al acudir al Congreso de Veracruz.

Mencionó el caso del presidente municipal de Cosamaloapan, Jorge Alberto Villegas Cázares, a quien ciudadanos y familiares acusan de proteger a policías municipales señalados de la muerte de un albañil detenido.

En el caso de los abogados del sur de la entidad, se hizo escuchar la voz de

Tomás Mundo, Raymundo Mendoza y Marco Antonio Rodriguez, quienes coincidieron en que, al menos en Veracruz, los jueces que llegaron gracias la reforma judicial ahora le temen a la gobernadora y se someten a su voluntad.

Los integrantes del Bloque Zona Sur de Abogados criticaron el abuso en la aplicación de cateos, pues advierten que las autoridades aprovechan para saquear los inmuebles.

Tomás Mundo Arriasa afirmó que la reforma al Poder Judicial fue un fracaso: “no sirve más que para fabricar culpables y violentar el debido proceso”, dijo y advirtió que con ella también los abogados se podrían convertir en objetivo criminal para el gobierno.

Raymundo Mendoza y Marco Antonio Rodriguez, coordinadores del Bloque, afirman en que la reforma judicial se convirtió en una política criminal, por el sometimiento del Poder Judicial ante el Ejecutivo.

“Hay carpetas de investigación ineficientes y que se venden, no respetan el debido proceso y se fabrican culpables”.

No nos puede salir ahora la gobernadora Rocío Nahle con que ella “no tiene nada que ver” en la embestida de la Fiscalía contra alcaldes de MC.

“Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, repetía hasta el cansancio López Obrador.

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Epílogo.

Y a propósito de litigios amañados y vínculos entre jueces y abogados litigantes, un grupo de abogados en Poza Rica persiste en su afán de litigar en redes sociales. Difunden fragmentos de audiencias (obviamente las partes que a ellos les convienen) con el afán de presionar a fiscales y jueces de la zona para que fallen a su favor. *** Se trata, por supuesto, de la audiencia en la que fue vinculada a proceso la abogada Luz María Escudero Jonguitud y el despacho jurídico que le recomendó su amigo, el juez Andrés García Velasco. *** Ya la Fiscalía y los jueces de control en Poza Rica demostraron que no se dejan impresionar por manifestaciones y que, si pretenden avanzar en la defensa de su representada, tendrán que aportar los elementos suficientes en el proceso judicial, no en las redes sociales.