El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar, aliado electoral de Morena, no tiene el menor empacho en acusar a sus “amigos” de que le piratean a sus alcaldes mediante una fórmula muy simple: “o se pasan a Morena, o no reciben apoyo del gobierno estatal para obra pública”. *** Vicente Aguilar tachó de “ingratos” a los alcaldes que han abandonado su partido para unirse a Morena, pero en realidad la lealtad de los gobernantes no está con las siglas que los llevaron a la boleta electoral, sino con sus paisanos, con los habitantes de su municipio que los apoyaron confiando en que mejorarían sus condiciones. Si para conseguir las obras que su gente necesita tienen que quitarse la playera roja y ponerse la guinda, ni modo. *** Lo que en realidad tendría que hacer el dirigente petista es mantener el contacto con esos actores políticos. Y es que Morena no quedará conforme con que se declaren “conversos”, les exigirá que operen a favor de Morena en las próximas elecciones y eso sí tendrá un impacto directo en el conteo de votos de las elecciones intermedias. *** Con la reciente salida de la alcaldesa de Teocelo, Daniela Villegas, son ya 11 presidentes municipales que dejan al PT y se pasan a Morena. *** “Comentan que los presionan, que no les darán obras. Yo creo que lo que sucede es que la ingratitud en ellos se ve y traicionan a los compañeros que votaron por ellos, pero -bueno- en política cada quien siembra y cosecha su gusto”, se lamentó Vicente Aguilar.

En Veracruz poco, muy poco se ha podido saber sobre el operativo montado en el sur de la entidad para dar con el paradero de la periodista Roxana Guzmán, sustraída por la fuerza de su domicilio en Nanchital, el pasado 2 de junio.

Y se sabe poco de lo sucedido el pasado fin de semana -cuando se anunció la captura de seis personas producto de las investigaciones para dar con la comunicadora- porque todo este trabajo lo realizaron fuerzas federales y éstas no informaron a las corporaciones estatales.

Desde la Ciudad de México, el periodista Héctor de Mauleón arrojó mucha luz sobre este caso. En un artículo publicado el pasado lunes dio a conocer que personal de Inteligencia Naval envió a Coatzacoalcos un equipo especial multidisciplinario y que durante varios días aeronaves no tripuladas sobrevolaron la zona, mientras expertos en inteligencia de señales y forense digital barrieron esa parte del estado.

“Las investigaciones, realizadas en coordinación con otras instancias federales, se centraron en la Mafia Veracruzana, conocida también como el Grupo Sombra: una violenta organización con presencia dominante en la región, que actualmente se encuentra en pugna con células criminales, igualmente violentas, del Cártel Jalisco Nueva Generación”, narró el periodista.

En el artículo también se narra el crecimiento de esa organización criminal: en 2017 operaba sólo en dos municipios de Veracruz; para 2019 su presencia se detectó en 14 municipios, y en 2024 su expansión alcanzó un total de 52.

Esto, sin embargo, no es algo que no conozcan las autoridades de México, pues como bien señala Héctor de Mauleón, los hackers de Guacamaya filtraron en 2022 documentos secretos del Ejército que alertaban de manera “extra urgente” que el gobierno de Cuitláhuac García había apoyado la entrada a Veracruz del Cártel Noreste, mientras su gabinete de seguridad brindaba protección al Grupo Sombra, cuyo líder ha sido identificado como Martín Martínez Hernández y/o Francisco Mendiola Cisneros, alias “El Mirinda”.

Y dio ejemplos de estos pactos con el gobierno estatal:

“En febrero de 2022 el propio Cuitláhuac García anunció la captura, en posesión de fusiles de asalto, drogas y ponchallantas, de cinco integrantes del Grupo Sombra que operaban en Álamo, Naranjos y Tantoyuca, y se hallaban vinculados a cinco homicidios. Diez horas después, la fiscalía estatal les retiró los cargos”.

¿Si recuerdan quién era la fiscal de Veracruz en ese entonces?

¡Exacto! Verónica Hernández Giadáns.

¿Y si saben de quién recibía órdenes?

¡En efecto! Del secretario de Gobierno y coordinador del gabinete de seguridad, Éric Cisneros Burgos.

De Mauleón narra que la investigación federal sobre el secuestro de Roxana Guzmán se extendió a lo largo de 24 días y permitió obtener una red de números telefónicos, en cuyos cruces apareció vinculado uno de los jefes locales de la Mafia Veracruzana-Fuerzas Especiales Grupo Sombra: José del Carmen Cadena Escalona, cuyo nombre clave es “Delta 7”.

En dicha red -explica- figuraba la que sería la puerta de acceso al líder criminal: su pareja sentimental, Karen Montserrat Cortés Morales, “involucrada también en las actividades de la organización delictiva, y quien varias veces había expresado su disgusto, según fuentes cercanas a la investigación, porque era obligada a resguardar diversas casas de seguridad”.

El 24 de junio, Karen fue detenida en Moloacán y “Delta 7”, que ignoraba que era objeto de seguimiento, se presentó en el lugar y también fue capturado.

“Cadena Escalona reconoció haber participado directamente en la privación de la libertad de la directora del portal Pulso Informativo y entregó la ubicación de un predio localizado en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, en donde, según dijo, se habría llevado a cabo la ejecución e inhumación del cuerpo de la periodista”, narra el periodista.

“En el lugar fue encontrado un tambo metálico con capacidad de 200 litros, que el grupo criminal empleaba para calcinar cuerpos. Fueron hallados, también, restos humanos que habían sido inhumados y que quedaron en manos, para su identificación, de un equipo de peritos”.

En un operativo paralelo, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste fueron aprehendidos. Aunque no se ha detallado el papel que jugaron en este caso específico, se confirmó que sus nombres fueron entregados por “Delta 7” como parte de la red de apoyo a su organización.

Familiares de los policías detenidos (los que, por cierto, recién habían aprobado los exámenes de control y confianza y habían recibido el reconocimiento de la policía estatal) insisten en que los están utilizando como “chivos expiatorios” y además de protestar bloqueando las carreteras en el sur de la entidad, ya buscaron la asesoría de un destacado abogado penalista para conseguir su libertad.

Un dato más sobre este Grupo Sombra: es el mismo que en julio del año pasado difundió un video en el que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, privada de la libertad en Álamo Temapache, fue grabada de rodillas, mientras llamaba a sus compañeros taxistas a pagar las cuotas exigidas por el grupo, “o van a terminar como yo (…) Con la Mafia Veracruzana no se juega”, le obligaron a decir a la maestra. Su cadáver apareció poco después con huellas de violencia.

“Las causas del secuestro de Roxana Berenice Guzmán no se han dado a conocer, pero en todas sus aristas el caso habla del nivel de violencia que se vive en Veracruz, y de la protección que ha permitido al Grupo Sombra convertirse en generador de los peores horrores”, remata Héctor de Mauleón.

El pasado lunes, en Tamiahua, elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina catearon las instalaciones de la Policía Municipal. *** El operativo, que incluyó el cierre de las vialidades alrededor de la comandancia, generó incertidumbre en la población. *** Aunque no se ha informado de manera oficial el motivo del cateo, trascendió que en la revisión fueron asegurados varios cigarros de marihuana. No hubo, sin embargo, personas detenidas. *** La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos confirmó que más de 85 ayuntamientos que recibieron observaciones no han acreditado el uso correcto de los recursos públicos, por lo que podrían enfrentar procedimientos administrativos e incluso penales. *** El organismo fiscalizador mantiene abierta la etapa de revisión documental y continúa requiriendo información adicional a las administraciones municipales con el propósito de verificar si las observaciones pueden aclararse antes de cerrar los expedientes. *** Una vez agotada la etapa de solventación, aquellos casos en los que persistan irregularidades seguirán el curso legal. Los expedientes podrían ser remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía General del Estado.