La Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz, A.
C., AJUPIV, integrada por jubilados de la Secretaría de Educación de Veracruz, se dirige a
la opinión pública para denunciar la violación a nuestro derecho humano a la seguridad social
de que somos objeto por parte de Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de
Veracruz. Estos son los hechos y razones que nos tienen en la plaza Lerdo todos los jueves
desde hace diez años:
Durante los años 2012 y 2013, recién jubilados, empezamos a descubrir y a sufrir en carne
propia las atrocidades que cometía el mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa al no
pagarnos aguinaldos, nóminas quincenales, bono de imagen, primas vacacionales y de
antigüedad, estímulos por día del maestro, FORTE, entre otros conceptos.
Pero el peor abuso de poder de ese nefasto gobernador consistió en optar por no contratar
el seguro de vida para el personal activo y jubilado. Nos dimos cuenta cuando alguien fallecía
y se les informaba a los familiares que el Gobierno del Estado de Veracruz no había
renovado la póliza con aseguradora alguna. Esta pesadilla duró lo que el gobierno de Duarte
de Ochoa: de 2010 a 2016.
Se remedió este agravio durante el bienio 2016 -2018 de Miguel Ángel Yunes Linares y dejó
inclusive un seguro de vida contratado de manera indefinida con la aseguradora Met Life.
Esta tranquilidad no duró mucho pues, para nuestra desgracia, fue electo como gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, quien de manera arrogante, irresponsable e insensible decidió
cancelar el seguro de vida para todos los trabajadores federalizados de la secretaria de
Educación de Veracruz, condenándonos de nueva cuenta a dejar desprotegida a nuestra
familia cercana en caso de muerte.
Es además reprobable esta acción canalla porque el seguro de vida siempre se ha
contratado, desde que los servicios de educación se federalizaron, obligándose el Gobierno
Federal, entre otras obligaciones del llamado Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica y Normal, a suministrar los recursos financieros necesarios a los estados
y éstos, también entre otras obligaciones, contrajeron la de respetar los derechos laborales
de los trabajadores de la educación, y entre estos derechos laborales siempre,
históricamente, ha estado el derecho a un seguro de vida.
El derecho al seguro de vida siempre ha existido, solo Duarte y el actual Gobernador se han
atrevido a cancelar su vigencia. El primero ya está en la cárcel por malversación de recursos
públicos.
No se entiende ni justifica la cancelación del seguro de vida porque el dinero no es del estado
de Veracruz, no afecta los ingresos estatales, puesto que es la federación quien lo transfiere
debidamente etiquetado. En consecuencia, si los recursos provienen de la federación y no
se utilizan debidamente, es razonable presumir un posible y delictuoso desvío de recursos.
El tiempo lo dirá.
Para mejor información a la opinión pública explicamos que este seguro de vida ampara a
los familiares de trabajadores activos y jubilados de la SEV con un monto de 40 meses de
salario en caso de fallecer en servicio, y de 18 meses en el caso de fallecimiento de jubilados.
Conforme a la normatividad emitida respecto al seguro de vida por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, esta Secretaría emite una convocatoria nacional para contratar a la
aseguradora que mejores condiciones, servicio y precio ofrezca. Los estados integrantes de
la federación sólo deberían adherirse al convenio que firma la Secretaría de Hacienda con
la compañía aseguradora y entregar la relación de trabajadores de la educación activos y

pensionados; pero el Gobernador de Veracruz decide hacer su propia licitación y, para
ahorrar dinero, deja fuera a los jubilados de la SEV, sin importarle el daño que con esta
acción causa a los aproximadamente once mil jubilados de esta Secretaría y a sus seres
queridos en caso de fallecimiento, porque a partir de ese momento inician un peregrinar para
solicitar el pago de este seguro. No hay aseguradora contratada para los jubilados de la
SEV, hecho que dice mucho sobre la calidad humana del ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez, que contradice su discurso político en tiempos de la lucha contra la reforma
educativa de Peña Nieto, y que es contraria esta omisión al derecho que nos asiste a los
jubilados. Soberbio, con absoluto desdén a nuestro derecho humano a la seguridad social,
consagrado en el artículo 123 de la Constitución General de la República, se niega a pagar
los dieciocho meses de pensión que constituyen el monto de este seguro a los familiares
designados como beneficiarios de jubilados de la SEV fallecidos del uno de noviembre del
año 2021, al día de hoy.
Es también importante señalar que son tiempos electorales, el todavía Secretario de
Educación, Zenyazen Escobar García, pronto dejará el cargo, pretende ser Senador de la
República. En los eventos públicos en que se presente para pedirnos nuestro voto, porque
estamos seguros de que se atreverá a hacerlo, habremos de cobrarle la afrenta que nos
infiere. Sólo una vez, recién nombrado Secretario de Educación, nos recibió en su despacho,
prometió apoyarnos pues saludó a muchos compañeros con los que había participado en
marchas y mítines en los tiempos de Javier Duarte. Fue con él la única ocasión que nos
recibió, creímos que por salvar la imagen de su jefe, el Gobernador del Estado, se haría
cargo de nuestras demandas, nos equivocamos, no se ha dignado concedernos nueva
audiencia; por eso, por su estulticia, es por lo que a partir del desdén con que nos trató
Zenyazen Escobar, hemos decidido acudir con su jefe para que sea el quien responda por
el Secretario de Educación por él designado.
Por todo esto, señor Gobernador Cuitláhuac García, le pedimos nuevamente, como cada
jueves, en el ocaso de su mandato, remedie esta injusticia que comete usted y su secretario
de educación.
Le pedimos que piense en las familias de maestros fallecidos que han emprendido desde
hace años este periplo, esta vía dolorosa, a través de numerosas ventanillas y terminan
aquí, en la plaza Lerdo, donde despacha usted, que es quien por obligación moral, por
obligación legal, por congruencia política, por fidelidad a su pasado de profesor insurgente,
por su familia de profesores y, sobre todo, para no traicionar al Presidente Andrés Manuel
López Obrador que, de saberlo, jamás aprobaría su inacción y el desdén con que trata a los
trabajadores de la educación del estado de Veracruz.
Le recordamos Gobernador que ya llevamos diez años en la plaza Lerdo, cada jueves.
Durante estos diez años de lucha, varios de nuestros compañeros, entrañables amigos,
amigas, han fallecido. Que sus familiares no puedan cobrar el seguro que por derecho les
corresponde es su responsabilidad, por decisión irresponsable de su parte o por omisión
culposa.
No lo olvidaremos, recuerde que los cargos son pasajeros, tal vez usted ya no nos recuerde
en poco tiempo, pero esté seguro que los deudos de los profesores fallecidos lo tendrán
siempre presente.
Atentamente:
“Por la defensa y preservación de los derechos de jubilados y pensionados”
Profa. Susana Suárez Hernández
Secretaria de Organización

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