Opinión
Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción

El hilo se rompe por lo más delgado. Tras los señalamientos en el sentido de que presuntamente en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) se cobraban o se cobran “moches” para limpiar las cuentas públicas de los ayuntamientos, hay más que dudas sobre el trabajo del ente fiscalizador y de su titular, la auditora general Delia González Cobos. Ya nadie les cree.

Como se sabe, los diputados locales decidieron no aprobar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, cuya revisión financiera determinó un probable daño patrimonial por 3 mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos de 313 entes fiscalizables, incluidos los 212 municipios.

Para la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, que preside Rafael Fararoni Magaña, el asunto es claro.

Existen discrepancias entre aclaraciones, documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables cuando se confrontaron con los pliegos de observaciones y montos solventados en las correspondientes revisiones.

Pero, además, los actuales alcaldes denunciaron irregularidades en los procesos de entrega-recepción, las cuales no fueron aclaradas ni tomadas en cuenta en las muestras y en las observaciones.

La auditora general sostiene que en el ORFIS se hizo una revisión objetiva e imparcial y el asunto lo atribuye más a un tema de carácter político, particularmente por los comicios de 2024.

Sin embargo, es la misma población de los diferentes municipios la que denuncia obras inconclusas y/o de mala calidad.

Para los legisladores, existe deshonestidad de quienes debieron ejecutar las obras y omisiones de quienes debieron vigilarles.

Señalan, incluso, que sobran casos de supuestas comprobaciones que no se sostienen, de incumplimientos y de sus consecuencias que afectan a los veracruzanos.

Por todo ello, ya Delia González Cobos adelantó que si quieren su renuncia, que se la pidan; además, se dice afectada psicológica y moralmente por los señalamientos que se han hecho a su persona y a su trabajo.

Ante ello, la diputada Nora Lagunes Jáuregui, vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, también fue clara al señalar que se analizaría la permanencia de la titular del ORFIS, pero eso será hasta que cumpla con la nueva revisión a la Cuenta Pública 2021.

Por cierto, ante lo dicho por la auditora general en el sentido de que va a necesitar más dinero para trabajar, ya el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia dejó en claro que aumentar el presupuesto al ente fiscalizador no traerá mayor eficacia.

Lo anterior, porque el ORFIS aumentó el presupuesto destinado a servicios personales en 26.07 millones de pesos, lo que representa un 35% más de lo autorizado, de acuerdo a datos publicados en su portal de transparencia y el trabajo entregado presenta deficiencias.

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz tendrá un plazo de 90 días para hacer la nueva revisión. De lo que se trata es que si se confirma el daño patrimonial se finquen responsabilidades administrativas o judiciales.

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