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Prosa aprisa

Arturo Reyes Isidoro

El martes pasado, por instrucciones de la gobernadora electa Rocío Nahle, el futuro secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, atendió a representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, para trabajar en una estrategia de atención al grave problema a partir del 1º de diciembre.

Fue la muestra más patente del fracaso total del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en el tema, en el que despertó grandes expectativas al inicio de su gobierno, tanto que el 1º de diciembre de 2018, tan pronto como asumió el cargo, con mucha alharaca presumió que su primer acto oficial era hacer la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas.

Hay un dicho que dice que la burra no era arisca sino que la hicieron a palos, esto es, que por maltrato o incumplimiento la gente termina por desconfiar o no creer, y la experiencia hace que se dude de las buenas intenciones, como en el caso que nos ocupa, aunque cuánto quisiera uno que lo que hoy se anuncia antes de ser gobierno se cumpla a plenitud ya en el ejercicio del poder.

Al estrenarse como gobernador, Cuitláhuac ofreció a los dolidos familiares de desaparecidos bajarles la luna y las estrellas para dar con sus seres queridos, ayudar a identificarlos, decirles la verdad, hacer justicia y reparar los daños (no dijo cómo), “dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizados en las fosas clandestinas localizadas hasta el momento en el Estado, con la participación de familiares y colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales”.

Hizo una serie de ofrecimientos, que no solo no cumplió sino que incluso terminó por cerrarles a los familiares las puertas del palacio de gobierno. El 30 de agosto de 2023 buscaron hablar con él pero se encontraron con las puertas cerradas y nadie salió a atenderlos. Le reprocharon que había faltado a su palabra. “¿Qué sentiría de tener un hijo desaparecido? Queremos resultados en las investigaciones, pero ustedes nos cierran las puertas”. Entonces, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, dijeron que Veracruz ocupaba el cuarto lugar con 7 mil 442 casos.

El problema llegó a preocupar al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 21 de septiembre de ese año, en forma sorpresiva, durante una reunión en Palacio Nacional con gobernadores, integrantes de su gabinete y delegados de Bienestar en el país, encargó a Manuel Huerta sumarse a la búsqueda de desaparecidos. Ya no quedaba duda del fracaso del gobierno de Cuitláhuac.
Este, en el discurso inaugural de su gobierno, había ofrecido que se dotaría, con el apoyo del Congreso del Estado, de recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y se asignarían mayores recursos operativos y presupuestales a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

Había anunciado una Iniciativa de Ley para crear un Centro o Instituto forense y de procesamiento de restos humanos, así como la implementación de un programa estatal e integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas, y un programa de capacitación.

También, que la Comisión Estatal de Búsqueda contaría con una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, y que la Dirección General de Desarrollo Político, “que solo servía para control político y clientelar”, se convertiría en Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

A los familiares de desaparecidas les dijo: “Ahí donde hay dolor, hoy se fortalece la esperanza de la verdad; ahí donde quiere habitar la tristeza para siempre, hoy nace una nueva luz por quienes físicamente no están; no estemos solo tristes por su desaparición, no olvidemos que el cobijo de su amor los hace presentes. También abriguemos la esperanza, porque los vamos a buscar hasta encontrarlos”.

No consigno la frase “su cola”, como dicen en los pueblos, por respeto a su persona y a su investidura, porque nada de eso cumplió, está a unos días, semanas o meses de irse y ningún dolor ablandó su corazón, nada lo conmovió, se mostró insensible al grado de preferir gastar 1,660 millones de pesos en la rehabilitación del estadio de futbol Luis “Pirata” de la Fuente, cuando ni siquiera hay equipo profesional que lo use, en lugar de cumplir uno solo de sus ofrecimientos.

Nada hay tan humanitario, más en un gobierno, que atender y escuchar a quien ha perdido a uno o más, hombre o mujer, de sus seres queridos a manos de grupos delincuenciales y no sabe dónde están. El gobierno es corresponsable por no cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de ahí que la acción de Ahued, por indicaciones de Rocío Nahle, renueve las esperanzas de que se hará el más serio esfuerzo por tratar de ayudar a las familias de los desaparecidos a encontrarlos o a saber qué pasó con ellos.

El todavía alcalde de Xalapa ofreció que se atenderán las necesidades de los colectivos sin ninguna distinción, y su acercamiento contó con la presencia y apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de su presidenta Namiko Matzumoto. También les dijo que tan pronto asuma el gobierno Rocío Nahle se reunirá con ellos. Alentador todo.

Yunes Linares, sin investigación por cámaras de videovigilancia

Queda confirmado ahora que el senador electo suplente Miguel Ángel Yunes Linares tampoco tiene abierta investigación alguna por el sonado caso de las cámaras de videovigilancia, y que el ORFIS concluyó desde 2018 que no hubo alguna irregularidad.

El reportero José Topete, del portal informativo alcalorpolitico, se dio a la tarea de investigar el caso ante versiones de que hay orden de aprehensión contra el exgobernador y en el Poder Judicial estatal una fuente le dijo que no es cierto, pero además se encontró con un testimonio del Consejo de la Judicatura Federal que también niega la especie, y aparte halló el resolutivo del ORFIS que comprobó que las cámaras de adquirieron y se instalaron en forma correcta.

No obstante lo anterior, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha tratado de involucrar a Miguel Ángel en alguna anomalía, pero su intento se ha tomado como lo que los Yunes consideran una persecución política para intentar que ni él ni su hijo, del mismo nombre, rindan protesta como senadores propietario y suplente, respectivamente.

Aprieta EU sobre la reforma al Poder Judicial; se suma Canadá

Por fin, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar, que había venido siendo muy condescendiente con el presidente López Obrador, apretó su postura y advirtió que la reforma al Poder Judicial pone en riesgo la relación económica entre ambos países.

Dijo que elegir a los jueces es “una idea peligrosa”, que se “amenaza la histórica relación comercial” y que puede traer afectaciones a la relación.

Por su parte, el embajador de Canadá, Graeme Clark, dijo que los inversionistas de su país están preocupados.

Colateralmente, la consejera del INE, Claudia Zavala, anunció que propondrá a sus compañeros del Instituto que se aplique otra forma de distribución de diputados plurinominales, para que Morena y sus aliados tengan solo 317 y no alcancen los 334 legisladores para evitar que alcancen la mayoría calificada, con lo que se frenarían las reformas que pretende AMLO.

A eso se suma la declaración de Claudia Sheinbaum de que la discusión del dictamen que plantea la desaparición de organismos autónomos, programada para este viernes, la votación podría posponerse una semana, según tuvo conocimiento, dijo, por parte de los diputados federales (una mera fórmula porque ellos los manejan y les ordenan).

Todo indica que será un fin de semana muy caliente tanto para el presidente López Obrador como para ella ante los riesgos si deciden seguir adelante con su intento. Mientras, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial continúan en paro, en protesta contra la reforma.