En la primera sesión ordinaria de la LXVII Legislatura de Veracruz quedó establecido lo que ya se daba como hecho: que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es Esteban Bautista Hernández, coordinador de la bancada mayoritaria (Morena). *** También se confirmó que los coordinadores de los otros grupos legislativos serán: Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, por el Partido verde; Ramón Díaz Ávila, por el Partido del Trabajo y Enrique Cambranis Torres, por el Partido Acción Nacional. Ellos cuatro conformarán la Jucopo y tendrán voz y voto en las reuniones de ese órgano legislativo. *** Movimiento Ciudadano y el PRI, que sólo tienen dos legisladores, no conforman grupo político (la Ley Orgánica del poder Legislativo establece que para conformar un grupo se requieren por lo menos tres diputados) por lo que participarán en las sesiones de la Jucopo con voz, pero no con voto. *** Héctor Yunes Lunes Landa representará al binomio del PRI, en tanto que Adrián Ávila Estrada será la voz de Movimiento Ciudadano. *** Hay, por supuesto, una opción para que tanto el PRI como MC conformen un grupo legislativo “mixto”. Para ello se requiere que al menos un diputado de otra fuerza política acepte sumarse a ellos. *** Luis Carbonell, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, ya aclaró que no harán grupo con el PRI, por lo que la opción -desde el reducido bloque opositor- es que algún diputado del PAN se incorpore al partido tricolor. *** Si la conformación de ese grupo mixto se consigue con la incorporación del bloque mayoritario (Morena, PT y Verde), eso significaría que se llegó a un acuerdo que iría en detrimento de la postura opositora. *** Todo, sin embargo, se puede ver en la política “a la mexicana”.

En la lucha jurídica por obtener la libertad de Guillermino Vicente Licona, un campesino, que fue acusado por la Fiscalía de Veracruz de secuestro agravado y que lleva ya más de cinco años en prisión sin que haya sido sometido a juicio, el equipo jurídico del Proyecto Inocencia se con toda una red de corrupción que involucra a fiscales, jueces y magistrados de la entidad.

Hace tres lustros se descubrió en Colombia una extensa red de corrupción en el sistema judicial, que se conoció como “el cártel de la toga”.

Funcionarios del sistema judicial colombiano desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo, para favorecer a quienes pagaban por estos “servicios”, para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales.

En Veracruz desde hace seis años opera en la entidad una banda similar, en la que participan fiscales, jueces y magistrados, coludidos todos ellos para vender la justicia al mejor postor.

David Cardeña Ortega -quien obtuvo su título de licenciado en Derecho mediante

examen Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), presentado el 18 de septiembre de 2009- llegó como fiscal especializado de la Unidad de Combate al Secuestro, adscrito a Tuxpan.

En alguna etapa de su desempeño en esa área, tuvo como compañera a la abogada Míriam Eunice Juan León. En aquel entonces, la jueza en el distrito Judicial de Poza Rica era Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Cuando Lisbeth Aurelia llega como magistrada invita a su ponencia a la abogada Míriam Eunice Juan León e incorpora como su secretario particular al fiscal David Cardeña Ortega.

Al asumir Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con ella llegó David Cardeña, mientras que a Míriam Eunice León la hicieron encargada, por algunos meses, de un juzgado en Coatepec, pero en cuanto se dio la oportunidad fue asignada a Papantla, con la encomienda de resolver (de manera favorable para ellos, por supuesto) todos los asuntos que inició, en su etapa como fiscal, David Cardeña Ortega.

Hoy Míriam Eunice Juan León tiene en su juzgado el expediente de Guillermino Vicente Licona, humilde campesino que fue enviado a la cárcel por el entonces fiscal antisecuestros David Cardeña. Hay un evidente conflicto de intereses que debe ser resuelto.

El artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los jueces y magistrados “deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan”. Entre las causas que considera ese Código ara que un juzgador se excuse de atender determinado asunto, están “haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular; haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento”.

Cuando un juez o magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente. En caso de que no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación (artículos 38 y 39 del Código).

El de Guillermino Vicente es sólo un caso que muestra la punta de una enredada madeja de corrupción que incluye a más fiscales, jueces y magistrados. Hay testimonios en poder de los organismos defensores de los derechos humanos y ya se elaboran las denuncias penales contra todos los involucrados.

Se les acabó el blindaje. Muy pronto conocerán la cárcel.

La política de Veracruz sigue a la vanguardia. Ya a nivel nacional se acuñó un término: “ayunar”. Y no, no se refiere a la muy sana costumbre de limitar la ingesta de alimentos. *** Para ser más claros, desde el seno del Partido Acción Nacional (PAN) salió la expresión. Dicen que el ministro Alberto Pérez Dayán (cuyo voto permitió que se confirmara en sus términos la reforma al Poder Judicial) se “ayunó”, pues siguió la misma ruta que los miembros de la familia Yunes: Miguel Ángel Yunes Linares (padre) y Miguel Ángel Yunes Linares (hijo). *** De esta manera, si alguien los acusa de “ayunar”, los puede estar señalando de traidores.