Conforme se acercan las fechas que marca la Ley, la comunidad universitaria va asumiendo que Martín Aguilar hará lo que sea necesario -lícito o no- para mantenerse en la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV). *** Académicos, estudiantes y empleados de esa institución han entendido que el actual rector no se habría lanzado a cometer tal barbarie, si no estuviera dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y esas son: utilizar la complicidad de la Junta de Gobierno para imponerlo por encima de la norma y con el aval del sindicato del personal docente (Fesapauv). *** Este fin de semana tres exrectores emitieron una misiva dirigida a la comunidad universitaria de todo el país, para solicitarles su apoyo en la lucha contra “el reprobable atropello que se está preparando en contra de la vida autónoma” de la UV. *** “En un primer pronunciamiento público que dimos a conocer, el pasado 29 de mayo de este año, alertamos que había un intento por parte de la actual rectoría para utilizar un subterfugio legaloide que implica infringir la legislación universitaria. La razón es muy clara, el actual rector, Dr. Martín Aguilar Sánchez está impedido a participar como aspirante para un segundo periodo porque rebasa por dos años el límite de edad que impone la Ley de Autonomía y Reglamento de la Junta de Gobierno”, recordaron los exrectores Sara Ladrón de Guevara González (2013–2021), Raúl Arias Lovillo (2004–2013) y Víctor Arredondo Álvarez (1997–2004). *** Los firmantes confirmaron en su texto que “ante la presión de algunos de sus pares en la Junta de Gobierno”, la doctora María Eugenia Buendía Espinosa presentó su renuncia a ese órgano de gobierno. “Hasta el día de hoy no se ha notificado a la comunidad universitaria la razón de ese lamentable incidente ni se ha atendido su reemplazo, tal y como lo mandata la norma universitaria”. *** Los exrectores dejaron muy clara su postura. Exigen que se respete la legalidad y la autonomía universitaria; que no se acepte la petición de prórroga del rector y que se emita la convocatoria para la designación de un nuevo rector; que la Junta de Gobierno se abstenga de continuar interpretando la normatividad institucional vigente, “porque esa no es su atribución legal”. *** También demandan que no excluyan a la comunidad universitaria ni a quienes legítimamente aspiren a ser considerados como candidatos, a partir de una amplia participación y conforme a la ley, y que la Junta de Gobierno reafirme, con hechos, su independencia de la administración actual que está en proceso de conclusión y su compromiso con la ley y con la comunidad universitaria a la que se debe. *** ¿Será que Martín Aguilar esté tan cegado por la ambición que se resista a escuchar la voz de los universitarios?

El argumento es: “no somos deshonestos, si acaso, ineptos”.

El OPLE Veracruz inició desde el pasado viernes el conteo “manual” de los votos emitidos para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. Lo hacen así, por que un software que el mismo órgano electoral local diseñó -esto es: su personal del área de sistemas- no fue capaz de procesar la información que se le estaba incorporando y antes de haber cubierto siquiera el 2 por ciento del conteo, se tomó la decisión de suspenderlo.

Pero los veracruzanos no debemos preocuparnos, porque el Secretario Ejecutivo del Consejo General, Luis Fernando Reyes Rocha, ya nos explicó que “es un proceso similar al que se hace en una elección constitucional, como de cualquier otra elección de ayuntamientos, diputados o gubernatura”.

Pero, además, para que no se dude de la honestidad y la transparencia del órgano electoral, “se instaló circuito cerrado en los 27 Consejos Municipales Habilitados de las sedes judiciales para que la ciudadanía pueda visualizar desde sus hogares, a través de la plataforma YouTube los trabajos que se realizan en los diferentes puntos de cómputo”.

Y no sólo eso: En los 27 Consejos Municipales Habilitados se instalaron “equipos de transmisión, módems de internet y plantas de luz para garantizar la continuidad en caso de algún corte de energía eléctrica”.

Sí, pero sucede que en la preparación de este proceso electoral extraordinario nunca se consideró la posibilidad de que se “cayera” el sistema; nunca se hicieron simulacros para que el experimentado personal del órgano electoral supiera qué hacer ante un escenario como el que se presentó.

Las cámaras sólo emiten imágenes de varias personas con chalecos distintivos del órgano electoral manipulando las boletas de la elección judicial; no se distinguen voces ni cifras, por lo que pudieran estar mostrando “de lejitos” un monumental fraude electoral.

Hasta el momento nadie ha dado una explicación oficial de las causas de esta “caída” del sistema. Los ciudadanos debemos saber si fue porque “alguien por error apretó el botón equivocado”, o porque hubo un ataque externo a este sofisticado programa que pretendía facilitar este “gigantesco” conteo.

Es necesario aclarar que, aunque la votación fue escasa, las decisiones que cada votante tenía que tomar por boleta generan mayor complicación que en una elección de índole política.

En la boleta para definir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia cada votante tuvo que seleccionar a ocho aspirantes (4 hombres y 4 mujeres); en la boleta para la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tuvieron que elegir a un hombre y a una mujer.

En la boleta para definir a magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje también tuvieron que elegir a dos aspirantes, mientras que en la boleta para la elección de jueces tuvieron que anotar los números que correspondieran a diez aspirantes, cinco de cada género.

De tal manera que ese reducido número de votantes que acudieron al proceso judicial, al momento de computarlo se tuvo que multiplicar por 22, lo que convirtió la etapa final del proceso (el conteo) en un verdadero galimatías.

Y no es el caso de que “un error” hubiera generado todo este problema. Durante el viernes y buena parte del sábado los llamados “consejos municipales habilitados” tuvieron problemas para brindar la transmisión en vivo de sus conteos. Los problemas se lograron solucionar, pero para ese momento el conteo iba avanzado y, por lo tanto, ya no se cumplió con los principios de transparencia y certeza que los participantes en este proceso exigen.

Y como bien lo apuntó en su momento la magistrada Rosalba Hernández: uno de los causales para anular la elección, es la falta de certeza jurídica.

En una elección política los partidos y hasta los candidatos independientes tienen la oportunidad de acreditar a sus representantes que atestigüen la limpieza del proceso. En la elección judicial parecería que se trata de “un acto de fe”. El problema es que la confianza está muy desgastada por los “errores” del organizador del proceso.

Le anticipo que el OPLE Veracruz dará como “validos” los resultados del conteo y que los recursos de los aspirantes serán desechados en cada instancia, lo que contribuirá a enlodar -aún más- este proceso que ni siquiera debió realizarse.

Movimiento Ciudadano (MC) consiguió ubicarse con votos legítimos, como la segunda fuerza electoral de Veracruz y asestó fuertes golpes a la supuesta “supremacía guinda”, lo que generó reacciones violentas por parte de la gobernadora Rocío Nahle. *** Es evidente que los señalamientos en contra de los candidatos del partido naranja (que postuló a “delincuentes”) se dieron como producto del natural enojo de la mandataria estatal porque no se consiguieron los resultados que esperaban. *** La coordinación estatal de MC, con Luis Carbonell a la cabeza, estará defendiendo cada voto que los veracruzanos les otorgaron. No sólo irán a recuperar Papantla, que les fue arrebatado en el OPLE, sino que impugnarán el descarado robo que sufrieron en Poza Rica. *** En la elección municipal, aún no se ha dicho la última palabra. *** En las semanas previas a la jornada electoral, cuando la violencia creció de manera alarmante en la entidad, la narrativa del gobierno estatal fue que se trataba de “grupos políticos que trataban de desestabilizar a la entidad”. *** La gobernadora Rocío Nahle se atrevió a “garantizar” que sería un proceso pacífico, a pesar de que fueron asesinados dos candidatos, se registraron balaceras en diversos puntos de la entidad y murieron ciudadanos cuyo único pecado fue estar “en el lugar y en el momento menos adecuados”. *** Pasaron ya las elecciones y, según la narrativa oficial, la calma debió volver a Veracruz, pero no ha sucedido así. *** En Acayucan, un empresario transportista se enfrentó a tiros contra un comando armado que pretendió secuestrarlo. Ha trascendido que el ataque tuvo su origen en el ya clásico “cobro de piso” (extorsión de grupos criminales a empresarios a cambio de “dejarlos trabajar en paz”). *** En redes sociales circula un video de las cámaras de seguridad que instaló el empresario; ahí se observa cómo llegan en camionetas blancas al menos 10 hombres armados, con portando chalecos antibalas y el rostro cubierto, hasta el domicilio del empresario. *** Cuando los agresore ingresaban por la fuerza a la vivienda se escucharon varios disparos y los invasores retrocedieron a toda prisa. *** El video muestra se registró un intercambio de disparos que duró casi dos minutos y finalmente el comando emprendió la huida. *** La seguridad de los veracruzanos sigue siendo de las tareas pendientes de la actual gobernadora.