Si de verdad siente algo por la institución que hoy dirige, Martín Aguilar debe escuchar la voz de la comunidad universitaria: no lo quieren por más tiempo del que establece la ley. No están pidiendo que se vaya ahora, sino que, al concluir su período, deje el lugar para alguien más. *** Este lunes estudiantes, académicos y empleados de la Universidad Veracruzana (UV) marcharon con una sola consigna: decir no a la “prórroga” que se inventó el rector para mantenerse en el cargo. *** El rector Martín Aguilar Sánchez culmina su periodo al frente de la UV, pero el 31 de agosto solicitó el pasado 29 de mayo una prórroga para continuar en el cargo por cuatro años más. *** Los manifestantes llegaron hasta el edificio de Rectoría, aunque Martín Aguilar estaba ausente, pues participó en un evento en el puerto de Veracruz. En la marcha participaron los aspirantes a ocupar el cargo que hoy ostenta Martín Aguilar y advirtieron que “se está torciendo la ley” y “se inventaron un procedimiento que rompe con los principios democráticos, de transparencia, de equidad”, los que se han mantenido en los casi 30 años de autonomía universitaria. *** Durante buena parte de este proceso en la búsqueda de su permanencia en la rectoría (el año pasado intentó reformar la Ley Orgánica para quitar el “candado” del límite de edad) el gobierno estatal se había mantenido al margen. Hay, sin embargo, señales de que algún sector de la administración estatal pretende apoyar al actual rector. Sería una postura muy grave.

Vaya desde este espacio un reconocimiento al valor cívico, al arrojo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Hizo algo que nadie se había atrevido: señalar directamente, sin titubeos, sin que le temblara la voz, a actores políticos que están ligados a la delincuencia organizada.

Es de suponer que a estas alturas la gobernadora ya presentó las denuncias correspondientes y aportó la información con la que ella cuenta y con la que sustenta su dicho.

Sé que Rocío Nahle no es abogada, pero en el encargo que actualmente cumple, tiene a su disposición a un grupo de juristas que le habrán hecho saber lo que señala el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ese instrumento jurídico, de obligado cumplimiento para los mexicanos, advierte que “toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público”.

Ese mismo artículo se refiere de manera particular a ciudadanos con responsabilidades como las que tiene actualmente la gobernadora:

“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere (…) Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.

Vayamos al contexto:

Este lunes, en conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle señaló al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, a quien calificó como un “simulador profesional” y lo acusó de desconocer lo que en realidad sucede en esta entidad.

“Máynez es un simulador profesional. Lo conozco desde hace mucho tiempo y debería de informarse un poquito más de lo que pasa en Veracruz”.

Pero eso no fue lo más grave. Ya encarrerada, la gobernadora aseguró que MC ha incurrido en “prácticas cuestionables”, pues -según ella- postuló y ganó con candidatos que tienen vínculos con grupos delictivos.

“MC le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa”, señaló.

Y demostrando que no tiene pelos en la lengua, Rocío Nahle dio ejemplos de los casos en los que -asegura- el partido naranja se vinculó con criminales: los candidatos de Las Choapas, de Nanchital y de Tihuatlán.

“Donde estén personajes dudosos o algo, ahí no voy a trabajar. Voy a trabajar para el pueblo. No dejaré ningún espacio en el territorio. Pero de sentarme con esos personajes no. Tengo que cuidar la investidura”, advirtió.

Rocío Nahle afirma que el candidato de MC a la alcaldía de Tihuatlán, Raúl Hernández Gallardo (quien ya recibió su constancia de mayoría) tiene vínculos con grupos ilegales y recuerda que incluso estuvo detenido.

También señaló a Jesús Uribe, candidato vencedor de MC en Las Choapas, de quien dijo que tiene una sentencia condenatoria de 20 años, aunque admitió: “un juez le revocó la sentencia”.

Y cerró haciendo alusión a Elvis Ventura, candidato vencedor en Nanchital, a quien -dijo- se le inició una carpeta “por noticia criminal”, algo que no está tipificado como delito, aunque ella califica de “inhumano” el video en el que el candidato es señalado por una banda criminal.

Ya tiene la gobernadora, entonces, información suficiente. Demuestra que tiene conocimiento de la probable existencia de diversos hechos que la ley señala como delito. Si no denuncia, estará incurriendo en responsabilidades penales.

No creo que eso suceda, porque nuestra gobernadora ha insistido hasta el cansancio en que ella es una persona convencida de que se debe cumplir la ley.

¡Felicidades por su valor cívico!

Aquí mismo se anticipó que Morena, en contubernio con los consejos general y municipal de Poza Rica, pretendía arrebatarle a Movimiento Ciudadano (MC) las alcaldías de Poza Rica y de Papantla. El mismo domingo se dio a conocer el cómputo final en la ciudad petrolera y el partido naranja obtuvo el triunfo con una diferencia de apenas 500 votos, cuando el PREP había señalado que la ventaja superaba los 2,500 sufragios. *** Al final, a pesar las burdas trampas realizadas por los emisarios del actual alcalde, Fernando Remes, el abanderado de MC, Emilio Olvera, obtuvo la constancia de mayoría. *** Al cierre de esta colaboración no había concluido el recuento en Papantla, donde la diferencia -a favor de MC- era menor, y las trampas eran las mismas.