* La seguridad no está “garantizada”

Filiberto Vargas Rodríguez

Prefacio.

Parece mentira que, a estas alturas, cuando no sólo el país: el mundo entero evoluciona para brindarle a la mujer la posibilidad de vivir y convivir en igualdad de condiciones, existan profesionales del Derecho limitados por atavismos y prejuicios que ya debieron ser superados. *** Esta semana la abogada Milagros Mara Palmeros Contreras estará presentando una queja formal ante el Tribunal de Justicia Judicial del Poder Judicial del Estado, y ante el Consejo de la Judicatura estatal, en contra de Juan Luis Mendoza Rosas, juez de control y enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal y Oral del XVIII Distrito Judicial con sede en Cosamaloapan. *** La abogada litigante explica en su escrito de queja que el juzgador cometió en su contra violencia psicológica, violencia institucional y otros tipos de actitudes impropias, conocidas como “mansplaining” y “manterrupting”. *** La abogada Palmeros Contreras narra que durante el desarrollo de la Audiencia Inicial en la Causa Penal 324/2023, el juez la interrumpió “y de forma enfática me dijo que dudaba de mi preparación profesional, de mi capacidad y profesionalismo, en un tono de voz muy agresivo y déspota al dirigirse hacia mi persona”. *** La quejosa dejó en claro que el comportamiento del juez Mendoza Rosas se encuadra en lo que se conoce como “manterrupting”, que sucede “cuando una mujer habla y un hombre la interrumpe bruscamente, sin esperar a que ella termine, de modo que la conversación gira en torno a él, en donde él es quien explica las cosas”. *** “En el caso que expongo -agrega la agraviada- existe una situación de desigualdad que genera una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestión de género y jerarquía frente a la autoridad, ha dado lugar a que el Juez responsable ponga en duda mi preparación, mi capacidad y mi profesionalismo en un esquema carente de razones, de manera desigual y sin contar con facultades para ello. Aseguró que no cuento con tal preparación, en un tono humillante y agresivo aun cuando, al igual que él, yo también cuento con título y cédula profesional que me permiten el ejercicio libre de la profesión de licenciada en Derecho”. *** La conducta del Juez Juan Luis Mendoza Rosas -afirmó- también encuadra en lo que la comunidad académica cataloga o identifica como “mansplaining”, pues es una forma de invisibilización y exclusión sutil que refuerza estereotipos además de dificultar las condiciones para el ejercicio pleno de su profesión y, sobre todo, el ejercicio del derecho de ser oída en juicio y de probar en juicio. *** Y explicó “Lili Rothman define el “mansplaining” como el acto de explicar sin tener en cuenta el hecho de que la persona que está recibiendo la explicación sabe igual o más sobre el tema que la persona que lo está explicando”. *** Sin duda la impartición de justicia en Veracruz pasa por su etapa más oscura, pues la colusión entre fiscales y juzgadores ha dado como consecuencia reclusorios repletos de gente inocente, víctima del capricho y la consigna de quienes detentan el poder.

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Hace más de dos meses, el 6 de marzo del presente año, la gobernadora Rocío Nahle asumió como propio el “compromiso con la seguridad en todo el estado” y subrayó que “garantizarla es una responsabilidad fundamental del gobierno de Veracruz”.

Quizá por su formación como ingeniera, Rocío Nahle no tiene claro el alcance de sus palabras. Alguno de sus asesores debió explicarle que “garantizar” en el ámbito del Derecho significa asegurar el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho. Implica tomar medidas para que un derecho sea respetado o que una obligación sea cumplida.

Este lunes, al reaccionar por la masacre (ya van cinco muertos y la cifra podría aumentar) ocurrida en Texistepec, donde fue ejecutada la candidata de Morena a la alcaldía Yesenia Lara Gutiérrez, la gobernadora reiteró su compromiso: “Dijimos que no a la impunidad, que no tenemos tratos con nadie y estamos trabajando para garantizar elecciones libres. Tenemos que asegurar que en los 212 municipios se lleven las elecciones en forma libre, tranquila y segura, con todo el apoyo de la Federación y toda la fuerza del Estado”.

Ya no lo consiguió, gobernadora.

En Texistepec (ubicado en el sur de la entidad), lo mismo que en Coxquihui (en la sierra del Totonacapan, en el norte), candidatos de su partido han sido asesinados frente a un gran número de personas, en lo que se interpreta como un reto a la autoridad del Estado.

Anuncia que habrá de reunirse (ella, o el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, ese que dijo que en Veracruz “no hay focos rojos” en materia de seguridad) con las dirigencias de los partidos políticos “para revisar los perfiles de sus candidatos, con el fin de detectar si alguno tiene antecedentes penales o vínculos con generadores de violencia”.

Demasiado tarde, gobernadora.

El proceso electoral inició, formalmente, desde el año pasado y después de más de seis meses ese tema ya debió haber sido revisado, antes -incluso- de que cerrara el período de registros de candidaturas. No ahora, cuando ya costó muchas vidas.

Y debió empezar por el dirigente de su partido, Esteban Ramírez Zepeta, involucrado en la muerte (accidental o imprudencial) de un ciudadano veracruzano, consecuencia de los excesos en los que suele incurrir de manera cotidiana.

De manera recurrente argumenta que los políticos agredidos o amenazados “no presentaron denuncias”, con lo que intenta justificar la falta de protección oficial. No les eche la culpa a los candidatos o a los partidos políticos. Es como cuando los mandos policiacos les “sugieren” a los empresarios que, si reciben amenazas con fines de extorsión, “denuncien de inmediato”.

Lo primero que debe procurar la policía estatal es que la población confíe en sus elementos. Hoy no denuncian porque tienen la certeza de que los delincuentes se van a enterar y tomarán represalias.

El tema de la seguridad, no sólo en el período electoral, sino la violencia e impunidad que se registra en las regiones de Tuxpan, Poza Rica y Papantla; en Córdoba, Río Blanco y Acultzingo; en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, o en Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, están asociadas con el empoderamiento de organizaciones criminales que no fueron combatidas durante el sexenio de Cuitláhuac García y que mantienen el control en lo que va del actual gobierno.

Son problemas que no se solucionan enviando por un par de semanas a un centenar de elementos federales, que se limitan a desfilar por las zonas que han sido escenario de actos de violencia, pero que no atacan al mal desde la raíz.

Este problema ya existía antes de que fuera elegida gobernadora. Quizá no lo percibió porque solía recorrer la entidad acompañada de una veintena de camionetas y otras tantas patrullas de la policía estatal. Hoy, cuando le toca velar por la seguridad de todos los veracruzanos, se percata del grado de penetración del crimen organizado y los limitados recursos con los que cuenta para hacerles frente.

No hable, pues, de “garantizar” unas elecciones seguras.

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Epílogo.

Y ya que anda viendo el tema de la violencia en Texistepec, no estaría de más que la gobernadora revisara lo sucedido con los trabajadores de la mina y el abogado que los acompañaba, que estuvieron a punto de ser linchados y después fueron encerrados, inventándoles cargos por “lesiones” y por “terrorismo”. *** Son actos de barbarie y prepotencia de grupos criminales que dominan en aquella región y que disponen de los recursos del Estado (policías, fiscales y funcionarios municipales) para su beneficio. *** Y quizá por este ambiente de violencia e impunidad, es que a la gobernadora ya no le urge “poner de moda” a Veracruz. Ante los cuestionamientos sobre su intención de fusionar turismo y cultura, dijo que “se sigue evaluando”. *** “Yo gobierno escuchando al pueblo, y hay un grupo que está dentro de Cultura donde están manifestándose y los voy a recibir. Vamos a escuchar a todos (…) No hemos nombrado ninguna secretaria o secretario porque estamos esperando a ver cómo salimos en esto. Si no, pues ni modo, quedan dos y ya nombraremos a una secretaria o secretario”, respondió. *** Y si sus decisiones las toma “escuchando al pueblo”, ¿no tendría que haber hecho esa consulta antes de anunciar la fusión? Simple sentido común.