De manera sorpresiva (como deben ser los operativos policiacos), personal de

la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó las órdenes de aprehensión giradas contra 13 elementos de la policía estatal, señalados como presuntos responsables del delito de desaparición forzada. *** No se trata de un mismo caso. Los policías enfrentan acusaciones relacionadas con varias carpetas que se abrieron para dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas. *** Se puede decir que fue una operación “limpia”. Los elementos de la Policía Ministerial acudieron a la Academia de Policía de El Lencero, donde los detenidos y muchos otros policías estatales fueron concentrados. *** La información que aporta la Fiscalía sobre estos casos es bastante escueta, pues no puede aportar los nombres completos de los detenidos, pero tampoco de sus presuntas víctimas. *** Lo que se sabe es que dos de los uniformados, identificados como José Manuel «N» y José Rosalino «N» estarían involucrados en la desaparición de tres personas. *** Martín de Jesús «N», Benjamín «N», Francisco «N», Sandra Anayeli «N», Alfredo Irán «N», Óscar «N», Luis Gerardo «N», Miguel Ángel «N», Adriana Yamilet «N» y Juan Daniel «N» son acusados de participar en la desaparición de otras dos víctimas. *** Andrés «N» enfrenta una acusación individual por la desaparición de una persona. *** Llama la atención que esta acción se haya tomado apenas dos semanas después de que Rocío Nahle y su equipo de colaboradores se hicieran cargo de la administración estatal. *** La Fiscalía no es una de las instancias que se renuevan con la llegada de otro gobierno y se ha insistido en que los días de la titular, Verónica Hernández, al frente de ese organismo, estarían contados. *** Pareciera que le está ofreciendo a la gobernadora “carnita” para que refuerce su discurso de combate a la corrupción y a la impunidad, con el afán de que le permitan permanecer en el cargo. *** Ya se verá.

De pronto surge la duda: ¿el amparo concedido por un tribunal colegiado a Marcos Even torres Zamudio, ex titular de la Fiscalía Anticorrupción estaba incluido en los acuerdos de la familia Yunes (la de El Estero) con Morena?

Marcos Even Torres es un abogado muy cercano a la familia Yunes (la de El Estero). Fue, además, mentor de Jorge Winckler Ortiz, a la postre fiscal general del estado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

A la llegada de Cuitláhuac García al gobierno estatal se inició una cacería contra las figuras más prominentes en materia de procuración de justicia. Además de Jorge Winckler y de Marcos Even Torres, se tramitó orden de aprehensión contra Luis Eduardo Coronel Gamboa.

A partir del expediente 296/2019, todos ellos fueron requeridos por la justicia local, acusados por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

En enero del 2020 el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en materia Mixta resolvió el Juicio de Amparo 882/2019 y ordenó al Juez de Control Luis Roberto Juárez López “dejar sin efectos” una orden de aprehensión girada contra de Marcos Even Torres Zamudio el 14 de septiembre de 2019, por su supuesta participación en el delito contra la procuración de justicia y en cohecho.

Este lunes, mientras tanto, Marcos Even Torres consiguió revertir una orden de aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y desaparición forzada, tras obtener un amparo de un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El fallo se emitió debido a ¡irregularidades procesales detectadas en el procedimiento llevado a cabo por autoridades judiciales de Veracruz”.

El Tribunal, integrado por José Saturnino Suero Alva, María Elena Leguízamo Ferrer y Eduardo Josué Martínez Maldonado, determinó que se vulneraron principios procesales fundamentales, entre ellos el de oralidad y la omisión de analizar la necesidad de cautela para justificar la medida.

En septiembre del 2019, Flor Valverde, esposa de Marcos Even Torres, aseguró que su esposo temía por su vida debido a la persecución que enfrentaba y porque abrió investigaciones en contra de exservidores públicos que “están aliados con los morenos”, aunque advirtió que su esposo no cedería a presiones ni haría “algo en contra de la ley para perjudicar a alguien que ninguna responsabilidad tenga”.

En una carta dirigida a la opinión pública, la esposa de Torres Zamudio aseguró que en un día le abrieron a su esposo una carpeta por cohecho, por la que promovió amparo y le fue concedido.

“Esto les ha causado honda molestia, así que le integraron la carpeta en tan solo un día, contra él y otras personas, por el delito de secuestro, respecto del cual, por tener prisión preventiva oficiosa, la suspensión no le opera y puede ser detenido”, explicaba Flor Valverde.

En realidad, Winckler, Torres Zamudio y Coronel fueron víctimas de prácticas muy similares a las que ellos utilizaron contra servidores públicos de la administración de Javier Duarte. En ambos casos, su problema fue que no lograron construir casos sólidos y todos sus objetivos terminaron librando la cárcel.

“Karma”, le llaman algunos.

Por lo pronto, los que fungieron como carniceros hasta hace unas cuantas semanas, ya se deben estar quitando los mandiles, porque pasarán a convertirse en reses.

El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, salió a respaldar la iniciativa que presentó su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, para que se eliminen las comisiones que cobran los bancos. *** “Se necesita un marco normativo que garantice su transparencia y equidad para evitar abusos en el manejo de los recursos de los mexicanos; el cobro de comisiones bancarias afecta la economía familiar y a la población con menos ingresos”, afirmó Ramírez Arana. *** En momentos en los que se cuestiona el desempeño de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, ya algunos se pusieron a revisar el desempeño de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia que apenas judicializó el 5 por ciento de sus investigaciones. *** El Observatorio Ciudadano Anticorrupción apunta que, durante 2023, la Fiscalía Anticorrupción recibió más de 90 nuevos casos, lo que colocó a sus agentes entre los más saturados del país, a razón de un agente por cada 150 nuevos casos. *** Cada policía ministerial asignado a esta fiscalía tuvo que atender, en promedio, 226 carpetas de investigación. *** ¿Así quieren abatir la corrupción?