Extorsión, cifra negra

Enrique Yasser Pompeyo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) a nivel nacional dio a conocer los resultados del “Monitor de Seguridad 2023” que, además de ser preocupantes, también son una exigencia al gobierno para atender el delito de extorsión.

Con información al mes de abril de este año, basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros cuatro meses se registraron tres mil 473 víctimas de extorsión, una cifra que es 2.4 por ciento menor a la documentada durante el mismo periodo del año anterior; es decir, una reducción marginal.

Sin embargo, en los 53 meses que van de la administración federal, se han contabilizado más de 41 mil 873 carpetas de investigación por extorsión, lo que implica un incremento del 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.

Lo delicado es que este delito tiene una cifra negra de 96.1%, lo que quiere decir que, de cada 100 casos, 96 no son denunciados, por lo que prácticamente todos quedan impunes. Más aún, quiere decir que las víctimas de extorsión son muchas más que las que reflejan las cifras oficiales.

Hay otro dato revelador. En lo que va del año, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 7.96 y las tres entidades con mayores tasas de este delito fueron el Estado de México, Baja California Sur y Colima.

No obstante, el Estado de México, Veracruz y Guanajuato concentran casi el 60 por ciento de las extorsiones en el país. Los estados con menores tasas para este delito fueron Tlaxcala, Chihuahua y Chiapas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, la cifra negra en el ámbito de los negocios, durante 2021, fue de 96.1 por ciento y estima que el costo de todos los delitos para las empresas fue de 120.2 millones de pesos, lo equivalente al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante ese escenario, la Coparmex urgió a los diputados a dictaminar la Propuesta de Reforma Constitucional al inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, con la finalidad de que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley General de Extorsión en la que se homologue este delito y las sanciones en todo el territorio nacional. La propuesta se presentó el pasado 26 de abril y está a la espera de ser dictaminada.

Con esta se pretende facultar al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de extorsión y con ello se puedan elevar las penas a los infractores buscando que la sanción mínima sea de 10 a 20 años y dependiendo de las agravantes, suba de 20 a 40 años y la máxima sea de 70 años.

El tema no es menor, pues el delito de extorsión se debe atender y prevenir para evitar su normalización en la sociedad.

Además, tiene muchas manifestaciones, desde llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp hasta el cobro de piso o la intimidación.

De manera que se debe hablar del tema, visibilizarse y alzar la voz para exigir que este mal se combata desde la raíz y de forma integral.

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