ES CUANTO
Los ciudadanos frente al poder: por una nueva cultura política
Por Héctor Raúl Rodríguez Díaz
De aquí al 2 de junio nada está escrito en México ni en Veracruz y aún correrá mucha agua bajo el puente.
Decía José Francisco Ruiz Massieu, cuando el viejo partido hegemónico todavía ganaba la mayoría del Congreso, que los procesos electorales son desafíos logísticos y organizativos que solo puede superar un gran aparato. “Y el PRI es – aseguraba – un gran aparato para ganar elecciones”.
No obstante, gracias a la ciudadanización del IFE, hoy INE, la historia demostró en 1997 que, en condiciones de equidad y piso parejo, lo que implicaba que el gobierno ya no podía meter mano en los comicios, el gran aparato fue derrotado en las urnas y la oposición ganó la mayoría del Congreso y la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Tres años después haría lo propio en la Presidencia de la República con el triunfo de Vicente Fox para dar paso a la era de la alternancia en el país.
El proceso de ciudadanización de los órganos electorales fue el punto de quiebre que permitió la transición a la democracia en el país, pues gracias a esto puede afirmarse que las elecciones se han organizado sin ventajas indebidas para nadie y con apego a los principios de imparcialidad, legalidad, equidad y certeza.
Nuestro incipiente sistema democrático también funcionó en 2012, cuando el PAN en el gobierno fue derrotado por el PRI y éste regresó a la Presidencia, y en 2018, cuando de nueva cuenta, el viejo partido perdió ante el Morena y Andrés Manuel López Obrador.
Solo que, decía el poeta Jorge Luis Borges, a la realidad le gustan las simetrías y los anacronismos.
Y es que, una vez en el poder, el nuevo partido gobernante ha reproducido las mismas prácticas de la vieja cultura política para tratar de colonizar y adueñarse del Instituto Electoral con propósitos muy claros de meter las manos en la elección y controlar sus resultados, lo que significa un retroceso de 40 años.
Y una vez más han sido los ciudadanos quienes han levantado la voz y han salido a las calles a tomar las plazas públicas de manera simbólica en más de un centenar de ciudades del país, como ocurrió con la marcha del pasado domingo 18 de febrero, para defender la democracia ante el autoritarismo y el abuso de poder.
Frente a un gobierno morenista que pretende consolidar una autocracia, desaparecer los organismos autónomos y someter al Poder Judicial para imponer la voluntad de un solo hombre y de un solo partido, de nueva cuenta son los ciudadanos quienes han salido a las calles a defender sus derechos políticos y sus libertades para no ser avasallados por quienes buscan perpetuarse a toda costa en el poder.
Se trata de una historia que los mexicanos y veracruzanos conocemos muy bien y que hemos vivido en las décadas recientes, pero que afortunadamente ha sido superada a medida que la población ha tomado conciencia de que la soberanía, entendida como la potestad de cambiar a un gobierno que no le da resultados, está en sus manos.
Por eso puede afirmarse que en el proceso electoral de 2024 nada está escrito y que la marcha del domingo pasado habría que entenderla en el contexto de una lucha política para empujar una transición ciudadana en la que ciudadanos informados, participativos, – y no el gobierno ni las élites políticas o burocráticas – sean quienes definan el rumbo del país y de Veracruz para los próximos años.
Lo anterior requiere de una ciudadanía activa, demandante, vigilante, dispuesta a deliberar y debatir para aportar a la agenda política y que ésta no sea secuestrada por los intereses partidistas o de grupo.
La transición ciudadana en 2024 pasa por impulsar y consolidar los valores de una nueva cultura política que deje atrás las viejas prácticas autoritarias, excluyentes y patrimonialistas, y construir un gobierno de los ciudadanos, para los ciudadanos y por los ciudadanos.
Recuperar el gobierno será solo el primer paso, pues bajo la premisa de que no se pueden obtener resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo, tanto en México como en Veracruz la ciudadanía deberá exigir el diseño de mecanismos que permitan vigilarlo, a fin de evitar que la simulación, la arrogancia, el nepotismo y el abuso de poder regresen a las oficinas públicas.
