 De la Denuncia a la «Reparación del Daño»

 Generó controversia y señalamientos de posible impunidad

 Un precio por tableta de entre 140,000 y más de 250,000 pesos

 

Por Miguel Ángel Cristiani G. 

El escándalo por la presunta compra a sobreprecio de 50 tabletas electrónicas para el Congreso de Veracruz en 2020, durante la LXVI Legislatura, derivó en acusaciones, investigaciones y, finalmente, en un “acuerdo” para que la empresa proveedora «reparara el daño», evitando así acciones legales mayores, lo que generó controversia y señalamientos de posible impunidad.

Luego del intercambio de acusaciones sobre quienes habían firmado los contratos millonarios, si era responsabilidad de la anterior administración del Congreso o de quienes ahora lo encabezan, hasta que la gobernadora Rocío Nahle les mandó guardar silencio, ya no se volvió a saber nada del famoso “caiga quien caiga”.

Como se recordará el caso se destapó a finales de 2024, cuando el entonces recién instalado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, el profesor Esteban Bautista Hernández (Morena), denunció públicamente que una auditoría interna había detectado irregularidades en la adquisición de los dispositivos. El costo de casi 7 millones de pesos fue considerado excesivo, estimándose un precio por tableta de entre 140,000 y más de 250,000 pesos.

La empresa señalada fue Publicontenidos Kapitel S.A. de C.V., con sede en Querétaro, la cual, según informes, también había obtenido otros contratos con la administración estatal anterior por un total de 7.5 millones de pesos.

Las Acusaciones y los Implicados: El profe Esteban Bautista Hernández anunció inicialmente que se interpondría una denuncia formal contra la empresa por inflar los precios. También señaló la existencia de una «red de personas» que operaba dentro del Congreso facilitando estas irregularidades, y afirmó que algunos individuos del área financiera habían sido despedidos.

Las miradas se dirigieron hacia la administración anterior del Congreso, encabezada por el entonces presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín (Morena), quien para el momento de la denuncia ya se desempeña como delegado federal de Bienestar en Veracruz. Gómez Cazarín se deslindó de las acusaciones, argumentando que él no firmó los contratos y apuntando hacia el entonces secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, y la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, quien presuntamente sí firmó el contrato.

El profe Bautista Hernández defendió a Bahena Corbalá (quien fue ratificado en su cargo), afirmando que no tenía facultades para firmar dichos contratos ni manejaba recursos, y reiteró que la responsabilidad recaía en Leal Morales y la empresa.

El Desenlace: «Reparación del Daño» y Controversia: A pesar de las amenazas iniciales de acciones legales contundentes, hacia finales de diciembre de 2024, Esteban Bautista Hernández informó que se había llegado a un acuerdo con Publicontenidos Kapitel S.A. de C.V. La empresa se comprometió a «resarcir el daño», lo que implicaba, según se explicó, la entrega de licencias de software faltantes y asegurar el correcto funcionamiento de las tabletas, que al parecer presentaban fallas.

Con este acuerdo, Bautista Hernández anunció que ya no se presentaría la denuncia penal contra la compañía. Esta decisión generó críticas por parte de algunos actores políticos, como el diputado Héctor Yunes Landa, quien calificó la situación como un posible «encubrimiento» y lamentó que no se buscaran acciones legales para recuperar los recursos presuntamente desviados, sembrando dudas sobre la impunidad en el caso.

El conflicto también generó tensiones internas en Morena, requiriendo incluso la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para mediar entre Bautista Hernández y Gómez Cazarín, en un llamado a la unidad y quedarse calladitos.

Otras Irregularidades: El escándalo de las tabletas se mencionó junto con otras posibles irregularidades financieras en la legislatura anterior, como supuestos contratos inflados para la compra de jabones por 30 millones de pesos y servicios de jardinería por 1.6 millones de pesos, lo que sugiere un patrón de posible mal manejo de recursos que, en el caso de las tabletas, concluyó sin sanciones penales tras el acuerdo de «reparación».

Además del escándalo de las tabletas en el Congreso de Veracruz, la información que surgió a finales de 2024 y principios de 2025 también señaló otras presuntas irregularidades financieras durante la LXVI Legislatura (la misma en la que se compraron las tabletas). Estas incluyen:

1. Contratos Presuntamente Inflados para Suministros: Se mencionó la existencia de contratos con costos aparentemente excesivos para artículos de limpieza, destacándose un gasto de 30 millones de pesos en jabones para los baños del Congreso.

2. Gastos Elevados en Jardinería: También se reportó un contrato por 1.6 millones de pesos para servicios de jardinería, cifra que igualmente levantó sospechas por su magnitud.

Estos señalamientos formaron parte de las denuncias públicas realizadas por el entonces nuevo presidente de la Jucopo, profesor Esteban Bautista Hernández, quien indicó que se estaban revisando todas estas cuentas de la administración anterior.

Contexto Político y Repercusiones Adicionales:

 Tensiones Políticas Internas: Como se mencionó, el escándalo de las tabletas (y las acusaciones más amplias de malos manejos) generó un notable enfrentamiento público entre Esteban Bautista Hernández y su antecesor, Juan Javier Gómez Cazarín, ambos del partido Morena. Esta disputa requirió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para llamar a la unidad.

 Nombramiento de Gómez Cazarín: Es relevante que, tras su gestión al frente de la Jucopo en el Congreso del Estado donde ocurrieron estas presuntas irregularidades, Juan Javier Gómez Cazarín fue premiado y designado como delegado federal de los Programas para el Desarrollo (Bienestar) en Veracruz, un puesto de importancia en la estructura federal.

 Críticas sobre Impunidad: La resolución del caso de las tabletas mediante un acuerdo de «reparación del daño» por parte de la empresa, en lugar de acciones penales o la recuperación del sobrecosto denunciado, fue criticada por algunos sectores. Legisladores como Héctor Yunes Landa expresaron preocupación por un posible «encubrimiento» y un mensaje de impunidad.

Tampoco se transparentó ni se supo cómo o con qué se reparó el daño, si se recibieron más tabletas o computadoras y a donde se repartieron.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/