Columna 33
– Honestidad de Cuitláhuac
– ¿Un millón de muertos?
Por Carlos Lucio Acosta
VERACRUZ (EUM).-El presidente Andrés Manuel López Obrador no equivocó al calificar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez como “…un personaje íntegro, transparente, honesto, incapaz de ideas perversas…”.
El jefe del ejecutivo federal elogió al mandatario estatal desde los pies hasta la cabeza. “Tienen a un extraordinario gobernador. Cuitláhuac tiene el apoyo de los veracruzanos y del gobierno federal…Tiene todo mi respaldo”.
Y efectivamente, el gobernador es honesto a carta cabal, excesivamente transparente, sin rodeos, llama las cosas por su nombre de pila, le sabe poner acento a las vocales, baila salsa, es buen chico.
“Veracruz no tiene la capacidad humana, técnica ni económica, para enfrentar a grupos delictivos que superan a la policía municipal y estatal”, afirmó sin titubeos en la Mesa Federalismo y la Guardia Nacional, el nueve de enero del 2019.
El mandatario puso las cartas sobre la mesa en relación a limitaciones de la secretaría de Seguridad Pública, la cual dispuso de 16 mil policías administrativos y trece mil uniformados en activo, con presupuesto superior a los cinco mil millones de pesos anuales, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta pena de nueve años en cárcel de la Ciudad de México.
En unotv.mx de la misma fecha lamentó la herencia de cuatro mil 700 policías para proteger a más de ocho millones de habitantes de la presencia de seis cárteles del narcotráfico.
Los seis cárteles que se disputan el control de la entidad –de acuerdo a informes de la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR)—son Los Zetas, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Pueblos Unidos, Cárteles Unidos y Jarochos Unidos.
El gobernador elogiado por la figura presidencial hasta la punta del Pico de Orizaba y rozando las faldas del Cofre de Perote, no solo es excesivamente honesto y transparente, sino también ligeramente ingenuo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dijo que una vez constituída la Guardia Nacional, en el transcurso de cuatro años como máximo “…podremos hablarnos al tú por tú con el crimen organizado (La Jornada, 7.Feb.2019)”.
Cincuenta días más tarde, el titular de la SSPC no solo advirtió de que antes de finalizar el año en curso se contará con 87 cuarteles regionales y luego comentaría que el 50 por ciento del crimen organizado opera desde el interior de los penales, sino además, puntualizó que la estrategia no va en el sentido de ir por los líderes sino por el congelamiento de sus cuentas.
Cuarenta y cuatro días después, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez entrega al titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado “…110 patrullas en un precio exhorbitane de 144 millones de pesos –a razón de un millón 309 mil pesos por unidad…”, rentadas a la empresa Lumo Finenciera del Centro, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SEFOM), documenta el periodista Eduardo Coronel Chiu, autor de la columna Asuntos Públicos, divulgada en el matutino AZXalapa, el trece de mayo en curso.
Lo que no entendió el gobierno local es que la nueva política de seguridad propuesta por la presidencia de la república consiste en acotar la capacidad operativa de los cárteles del narcotráfico mediante el congelamiento de cuentas bancarias detectadas por medio del trabajo de inteligencia.
No se trata de acumular balas y armas de fuego para enfrentamientos espectaculares con abiertos tintes cinematográficos, propiciar tormentas mediáticas o facilitar la creación de series televisivas.
García Jiménez equivocó el camino. Lanzó gasolina al fuego, busca alentar la violencia y romper con el proceso de pacificación. La delincuencia no restará acciones con la presencia de nuevas patrullas y egresados de academias de policías.
En el curso de cuatro años y medio –de julio del 2019 a diciembre del 2023—pueden suceder muchas cosas desagradables en la entidad. Una de ellas, el aumento del crimen.
Si sumamos 365 días por cuatro años, más 182 del 2019, obtendremos mil 642 días, los cuales al multiplicar por diez muertes diarias en promedio, arrojaran ¡un millón 642 mil vidas perdidas!, cerca de la cuarta parte de la población veracruzana estimada en ocho millones 112 mil 505 habitantes, de acuerdo al último censo de población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 2 de Septiembre del 2018.
Para combatir la corrupción, impunidad e inseguridad, se necesita algo más que el aumento progresivo del presupuesto y la contratación de personal especializado.
Se requiere en calidad de urgente: voluntad política y honestidad. Y estos dos últimos factores se ven demasiado verdes y lejanos.
La guerra desatada contra el narcotráfico, todavía no termina.
Así de simple.
Sólo para tus ojos . . .
¿Quién vendió la idea de elaborar lista de comunicadores, corresponsales y medios críticos al gobierno de Veracruz?
