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Héctor Yunes no dejó pasar como un simple “incidente” la agresión verbal a su persona y física a una reportera. Este jueves, en sesión ordinaria de la Legislatura, presentó una propuesta de punto de acuerdo con el fin de que se imponga el orden y se garantice el ejercicio de los legisladores y de los comunicadores. *** “El evento de ayer puso en evidencia la falta de capacidad para garantizar nuestra prerrogativa a la inviolabilidad parlamentaria, la fragilidad de los protocolos de seguridad para medios de comunicación y trabajadores y -tal vez lo más grave- la actitud desafiante y violatoria de algunos de los secretarios de despacho que han comparecido”, expresó Yunes Landa. *** Y su señalamiento fue más allá: “Debo decir, como consta a quienes estuvieron presentes en la comparecencia del día de ayer, que incluso había personas armadas dentro del edificio, lo que representa una de las violaciones más graves a la sede del Poder Legislativo”. *** Y el incidente se torna aún más grave: “El hecho de que en las instalaciones del recinto en donde se expiden leyes para proteger mujeres y periodistas haya sucedido la agresión, es algo que se debe señalar y nos debe ocupar y preocupar, sobre todo porque la agresión vino de una persona traída por el secretario de Seguridad Pública, ni más, ni menos que el responsable de proteger a periodistas y mujeres en la entidad”. *** En su propuesta de punto de acuerdo, el diputado plantea que “se exhorte a la presidenta de la Mesa Directiva para que vele por la inviolabilidad del recinto legislativo; se exhorte también a los presidentes de las comisiones permanentes para que velen por el orden y el respeto de las diputadas y los diputados y, por último, a los titulares de las Secretarías de Despacho para que respeten el recinto y cumplan con lo dispuesto en el Reglamento, consistente en respetar el límite de 20 colaboradores de los que se pueden hacer acompañar, quienes, previa autorización de la presidencia de la mesa directiva deben registrar su acceso e identificarse con la credencial oficial que los acredite como servidores públicos de la secretaria de despacho, cuyo titular acuda a comparecer ante esta soberanía y quienes, además, no podrán portar armas, debiendo observar el orden y respeto impuesto para todos”. *** Suena coherente lo que plantea Héctor Yunes y tendría que ser retomado por quienes hoy deciden en el Poder Legislativo.

Desesperado por la falta de noticias sobre su futuro y por el frío con el que está siendo tratado, tanto por la próxima gobernadora, Rocío Nahle, como por la actual presidente Claudia Sheinbaum, el mandatario saliente ya no pudo contener más la lengua y desde su foro favorito, las cámaras de Radio y Televisión de Veracruz (RTV) dijo cosas que pudieran llevarlo a la cárcel.

Cuitláhuac García retomó un tema que había estado guardado durante diez meses: el destino de los 300 millones de pesos que -según él mismo- fueron encontrados en la oficina del exfiscal Jorge Winckler, luego de que se decretara en el Congreso local su cese.

El 31 de enero de este año, durante una de sus conferencias de prensa, el gobernador hizo referencia por primera vez de esa cantidad:

“A la Fiscalía General del Estado, en 2019, mi presunción es que le dieron recursos para financiar las campañas; tenía 300 millones de pesos escondidos Jorge Winckler, los puedo probar, hay pruebas, los tenía escondidos, no se los llevó porque no le dio tiempo”.

En esa misma oportunidad el ingeniero García (hay que insistir en que sus conocimientos de Derecho son muy limitados) dijo que no se había presentado ninguna denuncia sobre ese hallazgo porque “no se consumó ningún mal uso de los recursos públicos, ya que estos fueron encontrados en la dependencia al arribo de Verónica Hernández”.

Sin necesidad de conocer mucho de leyes, por mero sentido común Cuitláhuac García debió entender que, tras ese hallazgo, lo primero que debió haber hecho la encargada del despacho de la Fiscalía (semanas más tarde fue ratificada, pero en esos momentos sólo era “encargada de despacho”) era investigar el origen de esos recursos.

No es como si alguien se encontrara una cartera tirada en la calle y tras ver que nadie la reclama se quedara con su contenido.

Para disponer de esos fondos, estos tuvieron que ingresar a las arcas del Estado, pero -por lo declarado un par de días después por el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco- ahí nadie tenía información sobre esos 300 millones de pesos: “nosotros no conocemos; si hay un recurso ahí, se podría revisar”, dijo.

Es menester hacer notar que Jorge Winckler fue separado de su cargo de fiscal el 3 de septiembre del 2019 y que el gobernador Cuitláhuac García reveló la existencia de esos 300 millones de pesos más de 4 años después.

El analista Marco Antonio Aguirre dio a conocer el 24 de febrero del presente año que solicitó a la Fiscalía estatal, a través de los mecanismos de transparencia, informara el destino que habían tenido esos recursos y mencionó que el Oficial Mayor, Jorge Raymundo Romero de la Maza, le respondió:

“Al respecto, hago de su conocimiento que en los archivos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado, no obra información acorde a lo solicitado”.

Nadie hasta ese momento, salvo el gobernador Cuitláhuac García, admitía tener conocimiento de esos 300 millones de pesos. ¿Realmente existieron? ¿Dónde estaban? ¿Qué se hizo con ellos?

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) concluyó desde hace mucho tiempo las auditorías y las etapas de solventación de las Cuentas Públicas de 2017 y 2018 (los años en los que gobernó Miguel Ángel Yunes Linares) y en ninguno de sus informes se hace referencia a un faltante de 300 millones de pesos.

Este miércoles, en la televisión oficial, el propio Cuitláhuac García dio más detalles sobre ese recurso. Dijo que fueron “recuperados y destinados a proyectos estratégicos”, como la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales y la adquisición de equipamiento para la Policía Ministerial.

¿De verdad?

Sólo que para hacer esos gastos la Fiscalía debió gestionar los fondos en la Secretaría de Finanzas, y esa instancia debió verificar si en las cuentas de la FGE existían recursos extraordinarios para hacer esos pagos. Si esos 300 millones de pesos estaban en la contabilidad de las arcas estatales, debió existir un documento que validara esos ingresos. Nada de eso ha sucedido.

La construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales inició en diciembre de 2020 y su inauguración se dio en octubre del siguiente año. Esto quiere decir que esos fondos de origen desconocido pudieron haber estado “sudando” durante más de un año en alguna inversión y aun así no se tiene la certeza de que hayan ingresado a las finanzas estatales o a las de la propia Fiscalía.

La obra se realizó -según consta en los informes de las Cuentas Públicas del 2020 y 2021, con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, en el que no se menciona la aplicación de recursos adicionales, de fuentes externas.

Todo parece indicar que en ese caso se aplicó aquella máxima: “ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón”. Si Jorge Winckler pretendiera reclamar ese dinero, lo primero que tendría que hacer sería demostrar su origen lícito.

Lo quiera o no, en algún momento Cuitláhuac García tendrá que comprobar la existencia y el destino de esos 300 millones de pesos… o tendrá que devolverlos.

Dicen que el “jalón de orejas” llegó desde la capital del país. Una llamada telefónica al coordinador del grupo legislativo del Partido Verde en Veracruz, Marcelo Ruiz, motivó que este jueves el legislador tomara la palabra para defender al exgobernador Fidel Herrera Beltrán. *** El legislador local hizo un llamado a los servidores públicos de la actual administración estatal para que asuman su responsabilidad y dejen de culpar a administraciones anteriores. *** “Es desafortunado que, en lugar de hablar hacia adelante del presente, hacia el futuro, de lo que significa ser gobierno y servirles a los veracruzanos en un tema tan sensible como la seguridad pública, volteamos hacia atrás a echarle la culpa a exgobernadores como Fidel Herrera, que es un hombre que nosotros admiramos y queremos mucho en el Verde”. *** Se tenía que decir… y se dijo.