Investigan posible red de corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora
Sonora, México – La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se encuentra en medio de una investigación por presunta corrupción, luego de que surgieran denuncias sobre una posible red de corrupción que opera bajo la dirección del Secretario de Hacienda Estatal, Omar Francisco Del Valle Colosio. Según las acusaciones, esta red estaría involucrada en la ejecución de proyectos de gran envergadura, tales como la modernización total del puerto de Guaymas (ASIPONA de Guaymas), la carretera Guaymas-Chihuahua y la modernización de las aduanas, entre otros, con la aprobación del padre de Rafael Antonio Ojeda Laguna, el actual Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Se ha señalado que Ojeda Laguna, quien mantiene una estrecha amistad con Alfonso Durazo Chávez, hijo del Gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo, estaría utilizando su influencia para desviar los recursos asignados a estas obras mediante asignaciones directas de contratos, beneficiando así a un grupo selecto de empresarios conocidos como los «Juniors del bienestar». Estos empresarios carecerían de la trayectoria, experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo proyectos de esta magnitud.
Además, se ha mencionado que el Director General de ASIPONA Guaymas, el Contralmirante Rogelio Bello Aguilar, estaría favoreciendo los intereses de los «juniors» del Bienestar debido a las presiones ejercidas por el hijo del Secretario de Marina.
Ante estas graves acusaciones, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora ha manifestado su plena disposición para colaborar con las autoridades competentes en la investigación de estos hechos. Asimismo, se ha enfatizado la importancia de garantizar la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y la legalidad en todos los proyectos de infraestructura del estado.
Las denuncias de corrupción en el ámbito gubernamental son un asunto de suma relevancia y deben ser investigadas a fondo para proteger los intereses de la sociedad y promover la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Las autoridades competentes deben llevar a cabo una investigación imparcial y transparente que permita esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias en caso de comprobarse la existencia de actos ilícitos
