Emilio Rodríguez Almazán representante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) y otras organizaciones de la zona conurbada del Puerto, tomaron de manera simbólica las instalaciones de la Conagua para exigir que se cancele la concesión otorgada a Grupo Más, para la privatización del servicio en el municipio de Veracruz y toda aquella zona.

Entrevistado durante la toma de las oficinas de la CONAGUA dio a conocer que es en apoyo a ciudadanos organizados del Puerto, ya que recordó que dicha concesión se otorgó para la privatización del servicio y por lo tanto, es importante que se remunicipalice el servicio para Medellín, Veracruz puerto y Boca del Río.

En el Día Mundial del Agua, manifestó que es importante recordar que el derecho al agua en México y el Estado está en el «suelo», toda vez que desde hace 15 años se reformó la Ley de Aguas para favorecer al sector industrial y empresarial del País, «Es inadmisible que los diputados y los senadores estén todavía respaldando a los grupos empresariales de este país y colocando frenos a esta reforma».

Asimismo, dijo que era importante sumarse a la iniciativa que fue un compromiso del Congreso de la Unión para reformar dicha ley y garantizar el derecho humano al agua en su contenido, «Es una apuesta, es una iniciativa que lleva más de 8 años avanzando y nos da gusto que tenga importante posicionamiento en la opinión pública».

«Hay discusión en el Congreso, en el Senado, los tiempos legislativos se están acabando y uno de los compromisos que asumieron muchos de los que ahora son diputados y senadores, era justamente la Ley de Aguas, por eso para nosotros el hecho de que no se apruebe, sería demostrar claramente que mintieron al pueblo y que le mintieron a la sociedad organizada y que no son capaces de empujar una ley que proteje los derechos humanos», agregó.

Rodríguez Almazán reconoció que la privatización del servicio del agua es una tendencia global de la cual el México neoliberal incluso el actual, está respaldando y quiere entregar a un puñado de personas el control del agua para el beneficio de sus negocios, ya sea para el uso y la transformación de la materia prima o ya sea para el uso en su venta a los usuarios.

«Ese es el caso de Veracruz puerto, de Medellín, Boca del Río, otros municipios tienen esta tendencia y lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que se generan conflictos severos porque las empresas comienzan a favorecer el libre mercado en el consumo del agua y eso les lleva a hacer prácticas de corte, no sólo en el abasto, sino en el servicio de drenaje, lo cual es una situación muy delicada», señaló.

Finalmente recalcó que se debe revisar la concesión que se le dió a Grupo MAS y echarla atrás, porque hay indicios claros de que se aprobó de manera irregular.