Titular del ORFIS descarto que haya conflicto de intereses en la revisión de la cuenta pública 2019
Después de que laborara como Procuradora Fiscal por 9 meses en la administración del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, la actual Auditora General del Estado, Delia González Cobos, descartó que exista un conflicto de interés al revisar la cuenta pública 2019, primer año de la administración.
En entrevista señaló que ella fue Procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas, debía llevar la defensa jurídica del cobro de impuestos, no se hizo cargo del manejo de los recursos públicos, por lo que consideró que no hay algún conflicto al revisar el manejo del gasto del primer año del gobierno de Morena.
La titular del Órgano de Fiscalización Superior reconoció que ya hay un calendario establecido, pero es útil que ya se estén remitiendo las cuentas, pues eso les permitirá avanzar ante el corto periodo de revisión.
El Orfis tiene de mayo a octubre para auditar, notificar pliegos de observaciones y remitir el Informe de Resultados a los diputados locales que, de acuerdo con la ley, deben aprobar el documento antes del 31 de octubre de este mismo año.
La Auditora reiteró que no se van a contratar despachos externos para auditar el manejo financiero, por lo que deben redoblar esfuerzos en los siguientes meses para garantizar la emisión del informe de resultados.
Explicó que ya se empezó con la recepción de los informes del gasto público de ayuntamientos y organismos autónomos, y en el caso del Ejecutivo, tiene hasta mayo para entregar la documentación que justifica la inversión del presupuesto de su primer año de gobierno.
“Estamos recibiendo en estos momentos de los entes fiscalizables, especialmente de los municipios, hemos estado recibiendo la documentación, vamos a empezar a revisar ya”, señaló.
Por último cabe señalar que del portal de Orfis detallan que ya se remitieron los informes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); del Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV), Fiscalía General del Estado (FGE); y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
