Óscar Juárez Telles apoderado legal de los elementos de la extinta policía intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, (PIPTC) dio a conocer que personal de la SSP no quiere hacer entrega de la documentación necesaria para la conclusión de la carpeta de investigación y que la FGE lleve a cabo las diligencias pertinentes para que los liquiden.

Entrevistado durante la manifestación en las oficinas de la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acompañado de aproximadamente otras 15 personas, señaló que es por una omisión y dilación a un proceso judicial ya que están entorpeciendo el procedimiento ya que no han entregado los requerimientos que son necesarios para la integración de la carpeta para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

Comentó que son casos muy «añejos», que fue en el 2015, cuando interpusieron una denuncia en la fiscalía anticorrupción en el 2019, y ahora ya están en la parte final del proceso pero la SSP está poniendo «trabas», al igual que la FGE y la regional de Poza Rica.

Son extrabajadores víctimas directas e indirectas ya que hay 25 finados, son de la SSP en los municipios de Poaza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, y pertenecían al estado, fue disuelta, les falsificaron las firmas y cobraron los funcionarios públicos, les asiste la razón y tienen las pruebas y aún así se portan renuentes para llevar a cabo una liquidación conforme a derecho.

Algunos tienen más de 70 años en su mayoría con 25 o 30 años de servicio y lo desafortunado fue que pensaron que en esta administración les resolverían pero están peor que «cuando estábamos mal».

Señalaron que con Ulises Landa llegaron a un acuerdo pero no firmaron ninguna minuta y ahorita no se van a mover, puede ser que vallan a bloquear la avenida principal ya que no hay avances en el proceso por qué no mandan lo que requiere la FGE.

Finalmente señaló que los extrabajadores se auto emplean ya que debido a su edad no es muy fácil que les den un trabajo, esto afectó a 600 elementos los cuales fueron despedidos y a ninguno le han pagado él representa a 180 personas, y se habla de millones de pesos de adeudo.