Protestan frente al congreso del estado los concesionarios de Verificentros y centros de verificación por la intención de que ahora el Estado cobre directamente el servicio, pero que no van a permitirlo, buscarán vías legales y hasta el cierre de los centros.

Entrevistado durante la manifestación en las afueras del congreso Alejandro Huesca Sota, presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, señaló que el gobierno de Veracruz pretende modificar el Código de Derechos y el pago se haga directamente a la tesorería estatal,  por lo que explicó que no tienen ningún argumento legal que los justifique a hacer lo que están haciendo, pero quieren ingresar la propuesta a las comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente para aprobarla a inicios del próximo año.

«Estamos tratando de ayudar a los más de 8 millones de veracruzanos porque se pretende que, a partir de enero de 2021, la gente vaya a verificar y vaya a hacer su tenencia y estén al corriente en los dos rubros», señaló.

Dio a conocer que si, por ejemplo, intentan pagar la tendencia sin hacer la verificación, no se les permitirá, con ello se podrían perder los derechos a descuentos que se hacen al iniciar el año, asimismo, si no se paga, se podría iniciar un proceso de embargo y, lo peor, es que se subirá a buró de crédito a los deudores.

«No es que estén afectando a los concesionarios de verificentros o centros de verificación, se está afectando al ciudadano, pretenden que se vayan a formar al banco, a hacer más aglomeraciones, que vayan a un Oxxo a pagar 10 o 15 pesos más de la comisión. No es justo, no se vale», acusó.

Señalo que intentarían dialogar con la diputada de Morena, Maru Corro, quien es la autora de la iniciativa que se presentará en este último día de sesión, por lo que desconoce qué va a pasar con los ciudadanos que quieran una factura por el servicio o que quieran un crédito, qué va a pasar con el dinero de los concesionarios, cuándo se los van a pagar.

Lamentó que los diputados piensen que están tratando con «chamacos», pero advirtió que no están dispuestos a seguir con su juego, «Vamos a tratar de hablar por la vía pacífica, pero si ellos no quieren voltear a vernos, lo vamos a empezar a hacer por la vía legal y sobre todo, por la presión social».

«Estamos dispuestos a cerrar nuestros establecimientos como medida en todo el Estado para que se provoque un caos, para que ellos no tengan donde verificar. Nosotros somos una extensión de Gobierno y no se vale que nos estén metiendo en más conflictos y a los ciudadanos, en lugar de ayudar. Si es necesario que cerremos todo el Estado y se los colapsemos, se lo vamos a hacer», finalizó.