Otorgarían continuidad a las sesiones y se desahogaría todo el orden del día

ESTATAL

Debido al interés en que los tiempos legislativos sean optimizados y que la actividad a desempeñarse se realice acorde con lo establecido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Junta de Trabajos Legislativos, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó una iniciativa de reforma de diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) plantea señalar en el artículo 83 del citado Reglamento que las sesiones ordinarias comenzarán, salvo determinación en contrario de la Junta de Trabajos Legislativos, a partir de las 11:00 horas y concluirán hasta terminar todos los asuntos listados en el orden del día, prevaleciendo el principio de continuidad, salvo casos previstos en esta Ley o por acuerdo del Pleno. Ninguna sesión podrá suspenderse durante el desahogo de un punto del orden del día.

Asimismo, prevé reformar el artículo 120 para indicar que, una vez iniciado, el debate deberá continuar bajo las reglas establecidas en este reglamento de forma ininterrumpida, hasta su total conclusión con la votación y declaratoria respectiva.

En su intervención en tribuna, durante la segunda sesión ordinaria, el legislador subrayó que el debate es indispensable en toda democracia, por lo que representa la mejor herramienta argumentativa.

Dijo que, por la relevancia de los asuntos que son discutidos en el Congreso, resulta indispensable que éstos se desahoguen en su totalidad bajo los principios de continuidad y concentración sin que puedan ser suspendidos o interrumpidos.

“De tal forma que las resoluciones, en el mejor de los casos, sean producto de la discusión y debate, que a la luz de estos principios, los diputados conserven en la memoria las opiniones expresadas y tengan una visión global, y no fraccionada, de los asuntos”, aseguró.

Destacó que aplicar en este Congreso el principio de continuidad traerá como lógica consecuencia, el respeto a las reformas constitucionales ya establecidas en el derecho mexicano y a las funciones que se desempeñan en el pleno.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

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