Además piden la derogación de la fracción 23 del artículo 33 constitucional local relacionada con la dispensa de ley a funcionarios para ocupar un cargo.

Irineo Pérez Melo.- El Observatorio y Contraloría Ciudadana planteó la desaparición del Consejo de la Judicatura porque es inoperante, sale caro y está siendo utilizado para presionar y menoscabar la autonomía e independencia de los Jueces de Primera Instancia y hasta de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior fue señalado por Rafael Hernández Matías, vicepresidente de este organismo, quien dijo que estás propuestas las harán llegar a la Comisión del Senado que se integró para analizar la situación que prevalece en la entidad veracruzana en torno a la situación que se padece en la entidad veracruzana con la aplicación de la reforma al Código Penal del Estado de Veracruz, en lo relacionado a los delitos de ultrajes a la autoridad y buscar fortalecer el estado de Derecho.
En entrevista, explicó que aprovecharán la creación de la comisión Legislativa del Senado para esclarecer los excesos de las autoridades, de entre los cuales hay algunos que son institucionales, como es el caso de la independencia de los jueces de primera instancia, que está comprometida, porque el Consejo de la Judicatura a distes y siniestra quita y pone Jueces de Primera Instancia.
En ese tenor, dijo que lo que se está proponiendo es que se modifique este órgano jurisdiccional para que dejen de tener injerencia los poderes ejecutivo y legislativo, es decir que no haya consejero de estás instancias de gobierno, porque se distorsiona su función y lejos de fortalecer a los Jueces de Primera Instancia, están menoscabando su independencia.
De la propuesta de desaparecer dicho órgano jurisdiccional, indicó que se debe a la fecha ya no cumple con el fin para el que fue creado, pues buscaba fortalecer y acuerpar a los Jueces de Primera Instancia de los poderes facticos regionales.
Expuso que cuando se creo el Consejo de la Judicatura se debía a que un Juez de Primera Instancia no tiene el respaldo ni peso político que tiene un magistrado, el cual es nombrado por el Congreso del Estado a propuesta del ejecutivo y en ese momento adquiriere una fortaleza política el juez de alzada, el magistrado y el Tribunal Superior de Justicia, no así el Juez de Primera Instancia, que son nombrados por el Consejo de la Judicatura, con la intervención de los consejeros del ejecutivo y el legislativo.
En la propuesta que harán llegar a la comisión senatorial, se plantea que se retome la figura existente hace más de 20 años y que comisiones de magistrados sean los que administren los dineros y la vigilancia y disciplina de los jueces mediante comisiones y desde luego con funcionarios y administrativos que nombren dichas comisiones.
Además, se está proponiendo la derogación de fracción 23 del artículo 33 constitucional local que establece que operará la dispensa de ley de los requisitos para los funcionarios al ocupar una responsabilidad y que no cumpla con ello al momento de asumir dicho cargo.
Consideró que esa dispensa es “una corrupción institucionalizada”, porque no se pueden dispensar los requisitos de ley, porque es una aberración jurídica que se haga y citó el caso de lo ocurrido la semana pasada se nombró a la expresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi, como funcionaria del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando la ley lo prohíbe, porque acababa de concluir su gestión legislativa y la ley establece que no puede ocupar un cargo hasta cuatro años después de haber ocupado un cargo administrativo o de elección popular.
“Este artículo está siendo aprovechada de manera indiscriminada y puede ser ocupado por la actual presidente (del Tribunal Superior de Justicia del Estado), porque ya lo anunció yen abril cumple los 72 años y puede ser desplazada, sin embargo ella dice que puede quedarse porque le dispensarán la edad de retiro”, aseveró.
Finalmente, señaló que esas son las propuestas que se plantearán a la Comisión del Senado para fortalecer el estado de Derecho y el cumplimiento de la legalidad.

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