Integrantes de la Coalición Regional de Resistencia Civil están exigiendo al gobierno del estado su intervención para que bajar las tarifas de luz
Alfredo Basurto Hernández coordinador de la Coalición Regional de Resistencia Civil de la Zona Sur Contra las Altas Tarifas Eléctricas exigieron al gobierno estatal su intervención, para lograr la disminución en los cobros, tal y como ocurrió en el estado de Tabasco.
Entrevistado en los pasillos de conocido café del centro de Xalapa dio a conocer que debe existir un criterio uniforme en la reclasificación de las tarifas y que no únicamente se beneficie a algunos estados por temas políticos o por tratarse de la entidad natal del presidente.
Son aproximadamente 75 mil usuarios que no pagan energía eléctrica desde el 2002, por lo que están solicitando que se re clasifique la tarifa tal y como el presidente Andres Manuel López Obrador hizo en Tabasco.
«Hoy estamos solicitando lo que el presidente hizo en Tabasco, el borrón y cuenta nueva, la reclasificación de la tarifa 1F, que es la que nosotros estamos solicitando por el tipo de temperatura que tenemos en Veracruz, queremos que se reclasifique la tarifa a la más baja del país», señaló.
Oscar Martínez dio a conocer que en la región de Coatzacoalcos han enfrentado numerosas dificultades, en diversos sectores, a consecuencia de los altos costos de la energía eléctrica e incluso aseguró que algunos comercios han tenido que cerrar sus puertas por esta situación.
Añadió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también ha llevado a cabo inspecciones y pretenden cobrar montos excesivos a los ciudadanos.
La deuda que actualmente tienen es de aproximadamente más de 160 millones de pesos, por lo que están en reuniones desde hace como dos meses donde tuvo el entonces senador Ricardo Ahued y están buscando actualmente a su suplente para continuar con los trabajos.
«El problema es que han cerrado ya muchos negocios, hoteles, restaurantes, porque ya no aguantan las tarifas eléctricas y la problemática es que trabajadores de CFE se han dado a la tarea de llevar a cabo revisiones domiciliarias y les están cobrando montos de hasta dos años y queremos que se terminen los abusos», finalizó.
