Integrantes de CABE exigieron a las autoridades garantizar el derechos de personas con discapacidad

ESTATAL
Integrantes de la Red Estatal de Inclusión CABE exigieron a las autoridades garantizar el derechos de personas con discapacidad, tras hechos registrados en la CDMX, aseguraron que esas acciones son inaceptables y van en contra de los principios fundamentales de igualdad y justicia.
En conferencia de prensa el presidente de la Red Estatal de Inclusión CABE, Fernando Pérez Domínguez, señaló que estas acciones son inaceptables y van en contra de los principios fundamentales de igualdad y justicia, esto luego de los recientes acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México, donde un grupo de granaderos reprimió a personas ciegas que se manifestaban.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron este martes 12 de marzo por la mañana, cuando integrantes de la Asociación Mexicana de Invidentes y Débiles Visuales emprendieron una marcha pacífica en busca de oportunidades laborales.
Ante esta situación, exigió a las autoridades que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, pues dijo que se deben proteger en todo momento.
“Pedimos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para asegurar que se respeten y protejan los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo momento y en todas las circunstancias”, señaló.
Por su parte el integrante de la RED, Miguel Ángel Hernández Correa, expresó que en México a los delincuentes se les trata con abrazos mientras que a las personas con discapacidad a «madrazos».
Lamento y es preocupante el querer comparar la manera en que se trata a los delincuentes con la forma en que se reprime a las personas con discapacidad; “esta disparidad refleja una falta de sensibilidad y compromiso con los derechos humanos de este sector de la población”.
Finalmente la activista e integrante fundadora de la RED CABE, Karina Martínez, enfatizó que las personas con discapacidad no solo deben ser reconocidas en su dignidad y derechos humanos, si no que el gobierno tiene la obligación de garantizar que toda la población pueda disfrutar de sus derechos.
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