Irineo Pérez Melo u Representantes del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas del Estado Veracruz impugnaron ante el Poder Judicial de la Federación el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado por un monto de 10 millones de pesos para atender demandas de los pueblos originarios de la entidad para el ejercicio fiscal del 2019.

En conferencia de prensa, los consejeros Javier Solis Vega y Yuri Jazmín Solís Espinosa, de las etnias totonaco y maya, respectivamente, así como el asesor jurídico Genaro Armenta Tenorio, dieron a conocer que su inconformidad estriba en que de acuerdo a la ley tienen derecho a la asignación del 2% del monto presupuestal asignado para el estado de Veracruz, es decir 2 mil 500 millones de pesos.

Javier Solis Vega, consejero Totonaco, lamentó que solo se haya destinado este recurso, sobre todo cuando se habla de una cuarta transformación e indicó que quizás el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene buenas ideas pero que sus aliados no entienden la forma de apoyo primordial a los indígenas.

En forma oportuna, terció Jazmín Solís Espinoza, el plan operativo anual se presentó en tiempo y forma a principios del mes de diciembre del año 2018 al Congreso del Estado y fue distribuido a los 50 diputados.

Reiteró que se está pidiendo un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para los pueblos indígenas de Veracruz. “Eso no significa que el Consejo Consultivo lo vaya a administrar, sino que vamos a velar para que ese presupuesto que sea destinado para el consejo consultivo y que sea para el pueblo indígena se vea beneficiado”, añadió.

Además, dijo, se pidieron 84 millones de pesos para la operatividad de este organismo, pues desde su conformación en el 2018, no se cuentan con recursos para la realización de sus actividades

Los representantes de los pueblos indígenas señalaron que son 10 millones de pesos que se autorizaron para ejercerse en el 2019, el cual es una burla para los pueblos originales al sumar en la entidad más de 1 millón 200 mil personas, por lo que el recurso asignado es irrisorio y que no responderá a las necesidades de los habitantes de las zonas indígenas.