• Intereses oligárquicos dan paso al derramamiento de sangre en las comunidades: Bustos Hernandez.

Irineo Pérez Melo.- El Frente Nacional Por la Lucha por el Socialismo (FNSL) denunció el contexto de violencia institucional que enfrentan por la exigencia que se les hace a las autoridades correspondientes de presentación con vida de desparecidos, situación que día con día aumenta en el país.
Rosalino Bustos Hernández, vocero de esta organización y acompañante en la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, destacó que la impunidad prevalece para los casos de desaparición forzada y el contexto de violencia institucional prevalece en contra de aquellos que exigen la presentación con vida de sus familiares y amigos.
En el marco de la conmemoración del día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se celebra este 30 de agosto, señaló que la promesa hecha por el ejecutivo federal de impartir la justicia en los casos de desaparición forzada quedó “en palabras huecas”.
Señaló que el gobierno morenista le apuesta a la simulación, desgaste, indiferencia e indolencia, que atender de manera directa los problemas. “La ruta que prefirió seguir fue la evasiva a los familiares de los detenidos desaparecidos para asegurar la impunidad y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos”, destacó.
Admitió que las víctimas de desaparición forzada aumentan en los estados del país en el que se despliegan elementos de las Fuerzas Armadas como medida de protección a los «intereses oligárquicos, de ahí que en los estados en los que se da el plan de desarrollo económico la violencia institucional deje a su paso el derramamiento de sangre».
Mencionó que los funcionarios públicos, gobernadores y desde Palacio Nacional juegan con el dolor que deja la ausencia forzada del ser querido, se les revictimiza, se criminaliza la lucha que desarrollamos las organizaciones populares independientes en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos.
“En lugar de generar medidas de protección a los familiares y a quienes se solidarizaran con la exigencia de presentación con vida para iniciar un proceso de reparación integral, se aplican estrategias fallidas de seguridad”, añadió.
Puso como ejemplo la represión ejercida por el gobernador de Veracruz, es el caso del campesino Higinio Bustos, detenido el pasado 3 de mayo del 2021 en el norte de Veracruz, acusado del presunto asesinato de un militar en activo; los primeros meses recluido en el penal de Tantoyuca y en mayo del 2023 lo trasladaron a Coatzacoalcos y que a la fecha su caso está estancado y no hay visos de que avance.
De ahí que exigió al gobierno de Veracruz clarifique su postura en torno a la situación que prevalecen decenas de campesinos e indígenas veracruzanos que se encuentran en las cárceles sin que se les haya dictado sentencia, además de qye mucho de ellos desconocen el por qué está presos.

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