• Irineo Pérez Melo
• Gran malestar existe entre los concesionarios de grúas en el estado por la imposición hecha por Guillermo Enrique Meneses García, director de Tránsito y Seguridad vial de que la empresa Grupo Garrido proporcione los servicios de arrastre en varias delegaciones con que cuenta esta dependencia en la entidad.
  
  Y es que de la noche a la mañana los delegados de Tránsito fueron instruido de no contratar los servicios de las grúas con licencia estatal y “que por órdenes de arriba” este servicio lo prestaría la empresa antes mencionada, cuyo propietario es Francisco Garrido Cano, sin importar dejar sin empleo a cientos de gruyeros de varios municipios del estado.
  
  Por esta situación que consideran irregular, los concesionarios de los municipios de Veracruz puerto, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Huatusco, principalmente, pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que retire al empresario que dice contar con una autorización federal para prestar este servicio.
  
  A decir de los inconformes, que pidieron el anonimato por temor a las represalias, esta situación se hizo más patente en esta semana, al quedarse sin trabajo y dejar de percibir ingresos, lo que motivará sean despedidos muchos trabajadores con que cuentan, pues al no tener una fuente de trabajo, ya no serán indispensables sus servicios.
  
  Expresaron su molestia porque muchos de “ellos llevan ya varios años trabajando con nosotros y al no contar con recursos, ni siquiera le podemos dar una liquidación digna y cuestionaron que si esta es la Cuarta transformaciónque se viene pregonando.
  
  El Grupo Garrido, indicaron, llegó a cada delegación con un par de grúas de último modelo con un costo estimado en casi un millón  pesos por unidad, por lo que cuestionaron de “cuánto es el moche para el Director de Tránsito y Seguridad Vial, porque de un día para otro se impuso a la citada empresa para brindar los servicios de arrastre de las unidades”.

Cabe señalar que los concesionarios estatales de grúas, acudieron a las instalaciones de Palacio Legislativo, para solicitar la intervención del diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso Local, pues la medida impuesta, ya empieza a tener repercusiones económicas en cientos de familias veracruzanas.

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