Emite ONU primera decisión por desaparición forzada por caso de Veracruz, concluyó que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe.

Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, destacó que la semana pasada se emitió el primer dictamen por parte del Comité de Desaparición Forzada, derivado de un caso de Veracruz.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aspira que las recomendaciones que se emiten al Estado Mexicano ahora sí se tomen con la seriedad debida.

Recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, emitió su primera decisión sobre una denuncia individual contra México, en el cual concluyó que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de Yonathan Mendoza Berrospe.

Hay que recordar que Yonathan tenía 17 años cuando un grupo de aproximadamente seis hombres uniformados de policías entró violentamente en su domicilio en la ciudad de Veracruz, donde vivía con su familia, en diciembre de 2013.

En ese sentido, comentó que esas decisiones aprobadas por el Órgano Especial de Protección de Naciones Unidas, junto con todas las recomendaciones tienen que implementarse.

«No hay tiempo que perder, son muchas las personas que nos hacen falta a todos y a todas y es imprescindible desarrollar politicas sostenidas, firmes, con recursos suficientes, con personal capacitado para implementar todas y cada una de las recomendaciones», señaló.

Entrevistado en relación a la opinión del Ejecutivo de Veracruz quien se niega a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no trae consigo el nombre del exgobernador Duarte; el funcionario de la ONU, refirió que las recomendaciones que se adoptan por Naciones Unidas o por cualquier otro organismo internacional, van dirigidas al Estado Mexicano en su conjunto.

«Y ahí no se determina la responsabilidad individual, particular de quién perpetra la conducta, lo que se determina es la responsabilidad, en todo caso institucional de la corporación que participó, de la institución que no investigó, van dirigidas al Estado Mexicano», comentó.

«Y yo esperaría que bajo el principio de buena fe todas las autoridades, no sólo las de Veracruz, desarollen políticas públicas eficaces, tangibles, concretas, con la participación de las víctimas que para nosotros es fundamental», agregó.

Asimismo, Alan García refirió que en el Informe de Desaparición Forzada en México y Veracruz, una mirada desde el sistema ONU 2022; se detalla que son más de 500 recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano desde hace más de una década.

Fue así que reconoció que en Veracruz haya una política pública encaminada a la implementación de las recomendaciones del Comité contra Desapariciones Forzadas, así como del grupo de trabajo, lo cual se intenta gestar a nivel nacional.

Por otra parte, tras el reconocimiento y disculpa pública por la desaparición forzada los días 11 y 12 de mayo de 2015 durante el operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos, de José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos y Eliaquim Alvarado Villafuerte, cometida por elementos de la Fuerza Civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); definió que una disculpa pública por parte del Estado debe ser entendida como una medida de satisfacción moral, simbólica y material que contribuya a un proceso de sanación.

Sin embargo, consideró, que tiene que ser complementada con otras medidas tendientes a establecer el paradero de las personas desaparecidas.

Finalmente señaló que, una investigación de los responsables, la protección a las familias, ya que los últimos meses se han convertido en meses aún más complejos para las familias por los eventos de violencia que han enfrentado, como el crimen de la madre buscadora en Guanajuato, lo cual se define que como la expresión de una violencia indeseada que interpela al Estado Mexicano a adoptar medidas eficaces de protección.