Con el Régimen Simplificado de Confianza, se propone aplicar tasa impositiva de 1 a 2.5% sobre sus ingresos.

Irineo Pérez Melo.- No conforme con no considerar mayores apoyos al campo mexicano, el gobierno federal asesta un golpe más con la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022 al establecer el “Régimen Simplificado de Confianza”, mediante el cual se pretende gravar a los medianos productores agropecuarios, que estaban exentos del pago de impuestos.
De acuerdo a la propuesta enviada por las autoridades hacendarias, un productor con ingresos de hasta un millón 300 mil pesos estaba exento de pagar impuestos, y para los medianos productores hay actualmente una reducción de la tasa del 40%, y con el nuevo régimen, el productor pagaría 26 mil pesos.

Sin embargo, lo más grave es que, si el productor forma parte de una persona moral, sea productiva o incluso, asociación civil, pagaría impuestos como persona física con ingresos por actividades empresariales y profesionales, es decir, pagaría más de 309 mil pesos.

En un análisis hecho por la Confederación Nacional Campesina (CNC) destaca que el campo necesita “una figura jurídica distinta”, derivado de que en este sector se enfrentan fenómenos meteorológicos cada vez más severos por el cambio climático; hay riesgos sanitarios como plagas y enfermedades, y riesgos de mercado a tal grado que no se sabe en cuanto se va a lograr vender lo que se cosecha.

Con la propuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se enfatiza que para este gobierno el “, campo no ha sido prioridad y que, además, ahora lo condenado fiscalmente”, aplicándole una tasa de 1 al 2.5% sobre ingresos, pero los beneficios se topan hasta los 3 millones 500 mil pesos y solo pueden tributar las personas que no sean socios, accionistas o integrantes de personas morales.

En el proyecto de presupuesto no advierten que en el campo, la legislación agraria, productiva y de desarrollo rural que lo norma, establece más de 25 figuras asociativas, en el que participan pequeños y medianos productores, sociedades de producción rural, asociaciones rurales de interés colectivo, asociaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y silvícolas, fondos de aseguramiento, cooperativas, sociedades en solidaridad, figuras asociativas, por mencionar algunas.

Al pasar a contribuir como actividades empresariales y profesionales no existe ningún estímulo y la tasa puede llegar hasta el 35%, por lo que se hace un llamado a las y los diputados federales, sin distingo alguno, para que en ejercicio de sus derechos, den a los campesinos un apoyo de tantos que les han quitado.