El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de la nueva Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la cual tiene por objeto implementar medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, como política pública para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público que dispone la Entidad.

De esta manera se establece que los ahorros y economías obtenidos, con motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes aplicables.

Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor, de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos  de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además se registró una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN).

Esta norma señala que los servidores públicos de la entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. De esta manera queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales para beneficio de cualquier servidor público.

Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se asignarán previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados.

Se incluye que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.

Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las autoridades competentes.

El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión sea determina como necesaria.

Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que resulten estrictamente indispensables, en atención a las necesidades del servicio público. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.

En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.

La adquisición y contratación de bienes y servicios de uso generalizado de los entes públicos se llevarán a cabo de manera consolidada con el objeto de obtener las mejores condiciones en relación con precio, calidad y oportunidad.

En otro sentido, la ley contempla que no serán constituidos fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.

Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 13 de diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade señaló que su bancada está a favor de la austeridad y, agregó, que esperan que la aplicación de esta ley no lleve a la parálisis de alguno de los entes públicos. Pidió que sean transparentados los ahorros y se rindan cuentas claras sobre el destino de dichos recursos.