Mesa de Redacción

OPINION

¿Alcaldes en capilla?

Enrique Yasser Pompeyo

De 212 ayuntamientos que hay en el estado de Veracruz, 179 tienen un presunto daño patrimonial por mil 344 millones 291 mil 432.50 pesos que corresponden al ejercicio fiscal de la Cuenta Pública 2023.

Entre las principales irregularidades halladas se encuentran la falta de comprobación de gastos por obras, la carencia de validaciones y permisos para obra pública, obras pagadas sin ejecutarse y recursos públicos usados durante las precampañas.

Como se sabe, este lunes, el Poder Legislativo recibió de la titular del ORFIS Veracruz, Delia González Cobos, el Informe de Resultados General Ejecutivo e Informes Individuales de la Cuenta Pública 2023, en los tiempos establecidos por la Ley de Fiscalización del Estado.

La Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado consideró como positivo que haya aumentado el número de ayuntamientos que lograron subsanar a tiempo observaciones del ORFIS Veracruz librando daño patrimonial.

Sin embargo, a pesar de las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ¿se procederá contra los alcaldes y demás autoridades?

¿En verdad los presidentes municipales pisarán la cárcel? ¿Cuántos ediles de municipios grandes de administraciones pasadas se encuentran tras las rejas específicamente por esta situación?

Si bien otros ex alcaldes han sido detenidos y encarcelados por delitos federales, vínculos con la delincuencia organizada, autoría intelectual de crímenes, incluso por temas políticos, pocos son los ex ediles encarcelados por daño patrimonial.

Entre 2006 y 2018 fueron aprehendidos ex alcaldes de los municipios de Tecolutla, Benito Juárez, Saltabarranca, Coxquihui, Tuxpan, Las Choapas, Las Minas, Tlacojalpan, Coyutla, Fortín, Yanga y Pajapan.

Como se observa, la mayoría fueron municipios “chiquitos”, pero ninguno grande.

En esta ocasión, las autoridades, los diputados y la Fiscalía General del Estado, ¿asumirán su responsabilidad y procederán legalmente?, o por el contrario, ¿se protegerá a los alcaldes, sobre todo, a los emanados del partido político en el poder?

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