Víctor Emmanuel Vargas Barrientos sabe que son sus últimos días al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV y, quizá por ello, se atreve a hacer declaraciones aventuradas sobre la actuación de la dependencia que hasta hoy está a su cargo. *** El funcionario anticipa que en el ciclo escolar 2024-2025 “se podría aplicar el operativo mochila en las escuelas del estado”. *** No cuestiono la utilidad de esa medida. Soy testigo de los riesgos que se corren en los planteles educativos cuando no se tiene un control rígido sobre lo que pueden portar los estudiantes (drogas, armas o artefactos electrónicos con los que pudieran cometer múltiples violaciones al reglamento escolar). *** Desde el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 en la que determinó que la aplicación del Operativo Mochila Segura “violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez” de los alumnos. *** El ombudsman encontró que las autoridades escolares que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos de los alumnos, al no implementar medidas

de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que dicho operativo carecía de un protocolo general y homologado que permitiera su aplicación a nivel nacional y que considerara el contexto de cada entidad, con enfoque de derechos humanos. *** Vargas Barrientos aseguró que la secretaría todavía a su cargo analiza la opción y se coordina con otras instituciones con las que se realizan mesas de trabajo para definir un protocolo para estar apegado a la ley sin violentar los derechos de las niñas y los niños. *** “Estamos trabajando (el protocolo), estamos cuidando muchos detalles, sobre todo el tema de cultura de paz y los derechos humanos. Es un trabajo arduo que tenemos que hacer en diferentes mesas interinstitucionales para que este protocolo cumpla y esté apegado a la normatividad y a la ley, y no se violenten los derechos de las niñas y los niños”. *** ¡Vaya tarea que habrá de dejarle a la próxima titular! Él ya se va y serán otros los que apliquen esos “protocolos”.

Lo dice la Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo 17: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

Y resulta que el Poder Judicial de Veracruz, el órgano presuntamente autónomo que se debe encargar de impartir justicia en el ámbito del fuero común, es incapaz de brindar eso: justicia pronta y expedita, ni siquiera en los casos que le competen -por ser de carácter interno- a la misma institución.

La magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, admitió este martes que se han emitido citatorios a exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia, a partir de denuncias presentadas por la probable contratación de empresas “fantasma”.

Los “exfuncionarios” a los que se refiere la magistrada son Joana Marlén Bautista Flores (quien fungió como directora de Administración a partir de la llegada a la presidencia del Poder Judicial de Isabel Inés Romero Cruz, en octubre del 2020); Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; además de Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, que fungieron como jefes del Departamento de Servicios Generales.

“Si encontramos irregularidades de naturaleza administrativa ponemos las denuncias porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad como autoridades ponerlas en conocimiento de la autoridad competente, que es la Fiscalía. En este caso, ya hay solicitudes de audiencia, imputación en libertad y llamamientos a las personas que pudieran estar involucradas en todos estos temas. No es un tema que me corresponda a mí (…), esto le corresponde precisamente al Juez de Control darle el seguimiento respectivo. Por supuesto que en el impulso procesal también está la Fiscalía”, explicó la magistrada presidente.

Pero el tema no avanza.

Entre la fiscalía estatal y los jueces de control no ha habido disposición para resolver un tema que resulta fundamental y que sigue en el limbo: ¿hay, acaso, corrupción en el Poder Judicial? Y, de haberla, ¿sólo los exfuncionarios señalados tienen responsabilidad? ¿Los integrantes del Consejo de la Judicatura sabían de esas supuestas acciones irregulares en el ámbito administrativo?

Es muy probable que a los exfuncionarios señalados les resulte alguna responsabilidad, pero… ¿están seguros de que agacharán la cabeza y aceptarán el veredicto del juez? En los pasillos del Palacio de Justicia se escucha otra versión: lo que detiene las actuaciones judiciales contra estos imputados es la amenaza de que, si proceden contra ellos, dirán todo lo que saben, todo en lo que ellos mismos participaron, pero que involucra no sólo a los integrantes del Consejo de la Judicatura, sino a altas figuras del Congreso local y del Poder Ejecutivo.

Esa información, por cierto, ya está en poder de la gobernadora electa, Rocío Nahle, quien ya dejó en claro que no quiere ni a Verónica Hernández en la Fiscalía, ni a Aurelia Jiménez en el Tribunal Superior de Justicia.

Se la acaba el reinado a Cuitláhuac García y, con ello, el blindaje que esos dos personajes han mantenido desde que ocuparon sus actuales encargos.

Es una triste noticia. Abraham Márquez Carmona, iluminador de Radio y Televisión de Veracruz (RTV), perdió la vida este martes luego de caer de una escalera cuando colocaba una lámpara en uno de los estudios de la televisora. *** Abraham Márquez Carmona tenía cerca de 20 años como trabajador de RTV y, hasta donde se sabe, la escalera en la que se subió para colocar la lámpara se cayó y provocó a su vez el desplome del iluminador. *** Hay, sin embargo, versiones del propio personal que señalan que el accidente pudo tener su origen en la falta de mantenimiento del equipo de trabajo de la televisora. A eso deberá responder el director Víctor Cisneros.