La diputada local Erika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una iniciativa para reformar el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que permita garantizar pensiones alimenticias más justas y velar así por el interés superior de los menores, como lo mandata el orden jurídico nacional e internacional.

En la octava sesión ordinaria del primer periodo de sesiones, se dio entrada a la iniciativa que propone establecer que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y que serán determinados por convenio o sentencia.

Los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción; en este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

En su intervención en tribuna, la diputada Ayala Ríos, vocal de Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de las dos terceras partes del total de madres solteras en México (67.3 por ciento) no reciben pensiones alimentarias.

Agregó que, según ese mismo organismo, ha aumentado el número de solicitudes de pensiones de esa naturaleza; en 2010, por ejemplo, se recibieron 51 mil 82 y para 2013, el último año de registro de ese rubro, esa cifra aumentó cerca del 20 por ciento para llegar a 61 mil 406.

Expuso que el incremento de demandas de pensión alimenticia tiene estrecha relación con el número de divorcios, mismo que ha ido a la alza consistentemente en los últimos años, a tal grado que, según cifras del propio INEGI, mientras que en el año 2000 se registraron a nivel nacional 52 mil 358 divorcios, en 2016 fueron 138 mil 807.

La legisladora indicó que su iniciativa pretende aportar una herramienta que facilite la actualización de los montos de las pensiones, como ya ocurre en la mayoría de las demás entidades y, con ello, no sólo evitar en lo posible nuevas controversias sino, principalmente, tratar de asegurar que los menores tengan garantizados sus alimentos en condiciones más justas.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.