Las declaraciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que habrá nuevamente “borrón y cuenta nueva” para olvidar y perdonar todos los actos de corrupción que se han dado en los últimos años en nuestro país, han causado no solo molestia sino indignación entre la gente.

Para no ir muy lejos, ahora resulta que en una de esas ocurrencias de perdón, hasta el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, de quien se asegura entregaba diez millones de pesos mensuales a los representantes de MORENA en el sur del estado, también podría verse con esa política de exonerar a los que hayan cometido actos de corrupción.

Primero fue en un programa de televisión el lunes pasado, cuando declaró el presidente electo que no habrá de investigar y mucho menos perseguir a quienes hubieran incurrido en actos de corrupción, luego volvió a declarar en una de sus ya tradicionales entrevistas de banqueta, que no se ocupará en castigar a quienes hayan incurrido en el todavía presente y pasado en atracos presupuestales.

Al respecto, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se ha manifestado respecto a que se habrá de poner en práctica una amnistía para los actos de corrupción cometidos durante la presente administración federal, a pesar de que es un hecho que:

•          La corrupción se sitúa entre los tres problemas más graves que identifica la población.

•          Tan solo en el último año México ha descendido 12 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional y se coloca en el lugar 135 de entre 180 países.

•          La impunidad alcanza el 98.85% de los delitos cometidos, esto es, sólo 1.15 de cada 100 delitos llegan a una determinación por parte del sistema de justicia.

•          En palabras de López Obrador, la corrupción cuesta al país 500 mil millones de pesos al año.

 La campaña del hoy Presidente Electo se centró en el problema de la corrupción como un mal endémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad a la vez que deteriora la confianza en los políticos y las instituciones públicas que ellos encabezan. Asimismo, prometió, una y otra vez, desterrar la impunidad.

 Más de 30 millones de votos o 53% de los electores creyeron en su promesa y manifestaron su rechazo a la corrupción y a tolerancia a la misma de los gobiernos que lo antecedieron.

 No obstante, en entrevistas ampliamente difundidas López Obrador afirmó que pondrá “punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía a exfuncionarios que presuntamente habían cometido actos de corrupción” y que “perseguir a presuntos exfuncionarios corruptos crearía condiciones de discusión en el país que él no considera adecuadas”. En consecuencia, plantea una suerte de amnistía a la corrupción del pasado, aunque agrega que no se trata de “truncar procesos judiciales ya abiertos por la actual administración”, los cuales, insistió, “deben seguir su curso legal”. Por si hubiese alguna duda, agregó: “Es un perdón, sí, es un perdón. Así, es lo que se está planteando”.

 Esta declaración constituye en el mejor caso una amnistía a los actos de corrupción y a las redes que los hicieron posibles y, en el peor, un pacto de impunidad acordado con el gobierno saliente.

 Una amnistía aseguraría la impunidad para un número sin precedente de funcionarios que han desviado recursos públicos cuyo destino debió haber sido el desarrollo económico, los programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad y no el enriquecimiento personal, el beneficio privado o las campañas políticas.

 A esta decisión, se agregan otras medidas que ponen en duda la voluntad del próximo gobierno para honrar el mandato de combatir la corrupción y la impunidad que recibió en las urnas: su negativa a reformar el artículo 102 de la Constitución para dar garantías de autonomía y eficacia a la nueva Fiscalía General de la República; la expedición de una Ley Orgánica de la FGR que no garantiza la independencia de la institución ni la creación de capacidades de investigación; la libertad del Poder Ejecutivo para remover al Fiscal; el anuncio de la iniciativa para eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el respaldo a la llamada Ley Compadre que permitirá al gobierno de Tabasco asignar de manera directa aquellas obras de infraestructura que sean estratégicas.

 Todas estas acciones tienen el potencial de debilitar, no de fortalecer las capacidades del Estado para combatir la corrupción y la impunidad.

 La adopción de estas medidas debe llamar a una profunda reflexión, a un debate público sobre sus consecuencias y a la construcción de una Agenda Nacional Anticorrupción integral que hagan creíbles los compromisos de combatir la corrupción y la impunidad, así como reforzar el Estado de derecho en nuestro país.

 La impunidad lleva a más corrupción no a su disminución.

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