Sin tacto
Aguas con la CURP
Por Sergio González Levet
En un trámite al vapor, como se hacen todas las cosas dentro de la Cuarta Transformación, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda enviaron -con 15 votos de Morena a favor y 12 del PAN, PRI, PRD y MC en contra- para que sean votadas en el pleno del Senado las modificaciones a 13 artículos de la Ley General de Población, con la cual todos los mexicanos estarán obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y a obtener la nueva CURP, que integrará además la fotografía, huellas digitales, lugar y fecha de nacimiento y firma del titular.
Incluso, el nuevo artículo 83 prevé que los menores de edad también tendrán CURP con foto, aunque dejan los detalles precisos de esta medida para que sean incluidos en el reglamento de la ley modificada.
Esta CURP con foto será un nuevo documento de identificación que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende que sustituya a la credencial de elector del INE. Con ello, la Secretaría de Gobernación tendría la información biométrica de todos y cada uno de los mexicanos.
La propuesta de las comisiones está plagada de errores, omisiones y contradicciones, pero pasará seguramente la aduana del pleno gracias a la mayoría simple que Morena y sus aliados tienen en la Cámara Alta.
Dice, por ejemplo, que es obligatoria para todos los ciudadanos, o sea todas las personas mayores de 18 años, pero es extensiva para los menores de edad. La obligatoriedad es totalmente aparente, porque el Artículo 70 ordena que “los ciudadanos deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su CURP con foto” y sin embargo “nadie podrá ser sancionado por no portar su CURP con foto”, aclara el artículo 78.
Según la propuesta, la nueva CURP tendrá una vigencia de 15 años y deberá renovarse 30 días antes de que concluya. Aquí la pregunta que surge es qué va a pasar con los menores de edad. ¿Tendrán su credencial con una fotografía tomada a los dos años hasta que cumplan los 17? Y otra: ¿van a poner su firma en la credencial cuando tengan unos meses de nacidos?
Además, un problema latente es que el Gobierno federal no tomó en cuenta destinar recursos suficientes para elaborar los más de 130 millones de credenciales que se necesitarán, y existe la preocupación de que pretenda que este nuevo documento lo tengamos que pagar los ciudadanos, lo que representaría un jugoso negocio que terminará en manos de alguna empresa amiga designada directamente.
Pero la duda peor de todas es que el Gobierno tendría a la mano para manejarlos a discreción, los datos esenciales de cada uno de los ciudadanos, lo que implica un riesgo enorme para las libertades individuales de los mexicanos.
Y ahí viene…