Grupo MAS

Enrique Yasser Pompeyo

Los habitantes de Veracruz y particularmente de Medellín de Bravo sufren las consecuencias de la privatización del sistema de agua y la entrega del título de concesión a Grupo MAS.

Las familias de esos dos municipios, por un pésimo servicio de abasto, padecen de abusos y excesivas tarifas.

El asunto se agrava debido a que, desde hace ocho años, más de mil 300 ex trabajadores sindicalizados y de confianza del extinto SAS siguen sin recibir su finiquito.

Lo lamentable es que la lucha de los ex trabajadores por sus derechos laborales se toma con indiferencia por parte de las autoridades municipales, en particular de Medellín de Bravo, así como de las instancias jurisdiccionales, que continúan sin resolver las denuncias presentadas desde hace años sin existir razón para tanta demora en las resoluciones y en los finiquitos.

Las autoridades de Veracruz, Medellín y Boca del Río aseguran que ya se cubrieron los finiquitos.

De ser así, deberían presentar las pruebas fehacientes de que los despidos fueron conforme a la ley.

En ese contexto, quienes integran el sindicato “Teniente José Azueta” han visto afectada su calidad de vida ante la falta de empleo, por deudas financieras y la incertidumbre diaria de no garantizar el sustento a sus familias, ocho años después de que de la noche a la mañana y de manera injustificada se les quitó su trabajo.

El actual gobierno municipal de Medellín, en lugar de respaldarlos y ofrecerles una reubicación laboral o al menos incorporarlos a sus programas sociales, sólo los ignora y les da la espalda.

Ante ello, las y los trabajadores del extinto SAS han escalado su lucha a un plantón permanente afuera del Palacio Municipal de Medellín de Bravo, solicitando a las autoridades edilicias dejar sin efecto cualquier acto jurídico que vincule al Ayuntamiento con Grupo MAS.

Por cierto, hay que recordar que el pasado 28 de mayo, los diputados Maleno Rosales Torres y Juan Javier Gómez Cazarín, junto con diputadas, diputados y diputade marcharon para respaldarlos y exigir sus derechos laborales y la terminación del contrato que el Ayuntamiento de Medellín de Bravo tiene celebrado con Grupo MAS al no garantizar el servicio de calidad que demanda la población.

Si bien el Congreso local no tiene competencia para conocer de asuntos laborales, sí puede generar acompañamiento inquebrantable y, de ser necesario, pedir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales dar atención y que cumplan cabalmente sus funciones.

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