Fernando Celis Callejas, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, y Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, señalaron que con falta de pruebas, testigos falsos y colusión entre el juez y la empresa fue que se generó el caso para detener a sus compañeros.

En conferencia de prensa los representantes cafetaleros denunciaron públicamente que la detención y vinculación a proceso de Cirio “N”, Viridiana “N”, Crisanto “N”, Minervo “N” y Abraham “N” se trata de un caso armado y creado para castigar a quienes han exigido al gobierno que existan mejores condiciones para este sector.

“Este acontecimiento es un claro mensaje del poder político, el poder capitalista que está por encima de nuestra Constitución, hoy la libertad de expresión, el proclamar la justicia social y exigir nuestra soberanía como seres humanos, como mexicanos, representa un delito que se castiga con cárcel, con secuestro y desaparición”, señalaron.

Los detenidos son señalados por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en enero de 2022 en las bodegas de Agroindustrias Unidas de México (AMSA) SA de CV, ubicadas en el municipio de Ixhuatlán del Café.

Destacaron que se observa que existe corrupción entre el juez y la empresa, dado que no se les ha permitido a los acusados tener una defensa acorde al proceso.

“Hay corrupción evidente entre el juez y la empresa, ya que, con pruebas falsas, hasta burdas, aceptaron lo que presentó la empresa y ordenaron la detención de los compañeros, la cual fue con violencia”, acusaron

Destacaron que entre las pruebas que presentaron los acusados se encuentran las localizaciones que tenían el día de los hechos, siendo que uno estaba en Córdoba y otro en Querétaro; sin embargo, estas no fueron consideradas por el juez del caso.

Recordaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a la Secretaría de Gobernación que se atienda el caso y se realicen las acciones correspondientes para atender la demanda de los acusados.

“Queremos la intervención de Gobernación y de la presidencia para que los servidores públicos no estén declarando como lo han hecho porque no ayuda a este proceso”, expresaron.

Manifestaron que se ha generado una comunicación directa con el director internacional de la empresa con quien se busca lograr un acuerdo que beneficie a los afectados.

“A la empresa le interesa mucho que no se haga escándalo, les interesa su prestigio, manifestaron que quieren establecer un acuerdo, se había señalado que el lunes nos mandaría su propuesta, lo hicieron el martes, vamos a hablar con los acusados para poder responder de inmediato. Nosotros pedimos a las autoridades que vean qué hacer con el juez y cómo solucionar este conflicto que se generó por la colusión”, comentaron.

Consideraron que este caso es una venganza para intimidar a los dirigentes que se están formando en Veracruz para exigir a las autoridades resultados.

“Es una venganza de la empresa para intimidar a los productores y a los dirigentes, aunque protesten y griten, pues los metemos a la cárcel y no pasa nada, les vamos a demostrar que no es así, que son ellos y van a quedar en la total vergüenza y evidencia porque tenemos el apoyo de todas las organizaciones cafetaleras», señalaron.

Finalmente dieron a conocer que, «Es un abuso extremo de parte del juez, los dos testimonios principales son fotos y videos donde están haciendo una reunión y supuestamente se dice que ahí dieron la instrucción de quemar la bodega, pero eso es falso, además presentaron testigos falsos”.