El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar consideró que sería muy difícil que empleados de confianza estatales y municipales paguen cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En conferencia de prensa dio a conocer que esto sabe a qué los contratos laborales solo alcanzan el periodo de 6 a 4 años, por lo que sería complicado que los trabajadores de confianza del estado y de los ayuntamientos paguen cuotas al IPE.

«Con respecto al Instituto de Pensiones del Estado, resulta difícil proponer que se integre a todos los trabajadores de confianza del gobierno estatal y municipal, si bien es cierto que el IPE tendría más ingresos, también es cierto que los trabajadores de confianza no podrían recibir pensión si son despedidos antes de tener derecho a jubilarse, mucho menos los trabajadores de los ayuntamientos, donde los contratos laborales solo alcanzan el periodo máximo de 4 años», señaló.

En otro orden de idas comentó que se dio a conocer que existe un rezago de 4,500 expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

«Lamentablemente no existe certeza si desaparece o no dicho Tribunal Administrativo. De igual manera, se dio a conocer que el Tribunal no da los resultados esperados, en el poco tiempo de haber iniciado operaciones, lo cual, en lugar de ser una medida que dé resultados, empeora la situación. Es importante que se le dé una solución a esta problemática, hay que recordar que los más perjudicados es la ciudadanía al no recibir respuesta a sus solicitudes», comentó.

En cuanto a la red hospitalario comento que por tratarse de un tema social importante, es necesario que la infraestructura de la red hospitalaria estatal sea revisada, toda vez que, puede existir algún hospital en malas condiciones.

Finalmente señaló que, «Lo sucedido en el hospital pediátrico del Puerto de Veracruz hace unos días, es un llamado al sector salud del Estado, a efecto que lleve a cabo acciones de mejoramiento en los inmuebles y evitar que en el futuro se ponga en riesgo la integridad física de las y los trabajadores y, de los propios pacientes».