• Excesivo el operativo policiaco establecido para evitar que llegaran a Xalapa a manifestarse; lo único que buscábamos era ser escuchado: Jaime Guarneros.

Irineo Pérez Melo.- El gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección General de Transporte Público, junto con una comisión del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO) acordaron revisar los casos de los trabajadores del volante y dar solución a los problemas que enfrentan en torno a las unidades fuera de rango, el estado que guardan los folio de las concesiones y el emplacamiento para pasar la revista vehicular.
En una reunión sostenida en palacio de gobierno, en el tema de las unidades fuera de rango, se buscará un esquema que permita que estas unidades puedan acceder a un convenio con Transporte Público, para que en un tiempo considerable ver la posibilidad de cambiarlas y que esto no sea pretexto para que personal de esta dependencia persiga y sancione a los agremiados.
Por cuanto hace a la agilización de expedientes, que se obstaculiza en la ventanilla única de dicha dirección, se planteó la necesidad de dar certeza a todos los taxistas y que les brinden información del estado que guardan los folios de concesión de todos y cada uno de los compañeros para evitar sorpresas.
Sobre el particular, Jairo Guarneros Sosa, representante de la organización taxista, expuso que se tiene conocimiento que indebidamente se dieron algunas transferencias sin contar con la autorización del concesionario, se va a revisar esta situación y se va a apoyar todo este proceso para hacer esta aclaración y reintegrar estos folios a los verdaderos concesionarios.
En lo relativo a la revista vehicular, el dirigente taxista dijo en entrevista luego de concluir dicha reunión, que no se oponen a este programa tener algunas dudas sobre este tema. “No nos negamos, de entrada estamos diciendo que está bien; no nos negamos, es un programa, pero creemos que tienen que convencernos de que existen las condiciones para entrar al mismo, por lo que se seguirán platicando para checar cual es la situación que guarda el transporte público”.
“Nosotros planteamos que se aplace, en tanto no se resuelve la situación de vehículos sin placas, con la dilación que hay en la entrega de los avisos de emplacamiento, en las transferencias, etc., no hay condiciones para esta revista vehicular, argumentó.
Explicó que se expuso a las autoridades del sector que alrededor del Transporte Público hay un montón de problemáticas, por ejemplo, “de unidades particulares prestando el servicio del transporte público sin contar con la concesión, no estoy hablando de Uber, sino de vehículos que sí están prestando el servicio en las modalidades que tiene contemplado Transporte Público, y ahí hay un compromiso de platicar esta situación y ver cómo, y de qué manera puede ser resuelto”, puntualizó.
En la reunión de trabajo, encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública, capitán Carlos Uscanga y el director de Transporte Público, Ángel Alarcón, así como de los subdirectores general y operativo, también se abordaron otras cuestiones, relativas a la falta de títulos de muchos taxistas, que de acuerdo a la ley necesitan contar con él para tener el carácter de concesionario.
“Ahí nos explicaban una cuestión jurídica que necesitamos explicar a los compañeros también, y asesorarse con abogados para ver si lo que nos están diciendo es verdad o interponemos nosotros otra argumentación jurídica”, sostuvo.
Explicó que tan solo en la región de Córdoba, Orizaba y Tierra Blanca hay al menos unas 5 mil unidades trabajando, de las cuales entre el 30 y 40% de ellas que andan sin emplacar y el 70% fuera del rango, ese es el problema real y del que requerimos alternativas de solución, no queremos que nos repriman, abundó.
De la retención ordenada para que no se manifestaran en esta capital, como era su pretensión inicial, dijo que fue un operativo policiaco excesivo, porque no había razón, pues no veníamos causando ninguna atropello a nadie y el llegar era realizar una manifestación pacífica, que es un derecho que tenemos, si nos ofrecían esa reunión, la tendríamos que aceptar y que al final se nos ofreció allá en Tuzamapan, obviamente metiéndonos la fuerza pública, concluyó.

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