Presidenta de Junta Local de Conciliación y Arbitraje No. 16 María Guadalupe Alejandro Fernández, acusa violencia de género, ya que fue removida de su cargo con sede en el municipio de Coatzacoalcos a pesar de que contaba con un amparo federal, por lo que el gobierno estatal se cree más que el federal.

En conferencia de prensa, informó que se interpuso una denuncia con motivo de la violación a la suspensión provisional de amparo, cometida por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jazmín Zepeda Benavides y la secretaria del Trabajo, Dorheny García Cayetano.

«De hecho, ya la presentamos ante la Fiscalía General de la República por desacato, están violando un mandato federal», comentó.

Además, dio a conocer que acudirá a Derechos Humanos para presentar una queja.

«Bajo los efectos de la suspensión otorgada en el juicio de amparo 1184/2022, vengo a denunciar que he sido objeto de una violencia de género y discriminación, dicha violencia ha sido causada por otra mujer, cuyo nombre es Dorheny García Cayetano, actual secretaria del Trabajo, así como por Yazmín Zepeda Benavides, quien funge como presidenta de la Junta Local del Estado de Veracruz», señaló.

En ese sentido, manifestó que ambas, abusando de su poder, se han ensañado en su persona.

«Hostigándome, amenazándome, queriéndome obligar a que firmara una denuncia en contra de mi voluntad, solo con el propósito de cumplir compromisos políticos, de tener una vacante para venderla al mejor postor y poner así a sus incondicionales», acusó.

De manera que se siente impotente ante esos hechos, «dado que habiendo alzado la voz, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha sido indiferente con mi reclamo, a pesar de que estos hechos fueron del conocimiento público».

Sin embargo, aseguró, la secretaria del Trabajo sigue «empecinada» en entablar una lucha de poder contra el juez federal, «con el ánimo de no dar cumplimiento a dicho mandato y de forma desafiante perjudicándome».

Asimismo, recordó que mandaron a sacarla de su oficina, pues le rompieron cerraduras, candados, violentaron su escritorio y le impidieron el acceso.

La afectada señaló que teme por su vida y la de sus familiares, ya que «Sigue la ausencia del Estado de Derecho, el compadrazgo, la corrupción, el nepotismo y la impunidad».

Por último hizo un llamado al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que voltee a ver su caso y la ayude.